El arte de contar cuentos y rendir cuentas. La revisión de las cuentas públicas del Gobierno de Sonora, 2004-2010

Abstract

This article examines the oversight of public accounts in five agencies of the Sonora State Government between 2004 and 2012. The research question is how effective is the audit carried out by the Superior Institute of Audit and Inspection (ISAF) in combatting the misuse of public resources. Upon reviewing the legal framework, we found that ISAF does not have the power to sanction; this activity is carried out by the State General Comptroller, an office that reports to the Executive. Moreover, an analysis of the observations, resolutions and sanctions mentioned in performance reports presented by ISAF showed that, during the period studied, no observations at all were made to the Office of the Executive and that, in other government agencies, the number of observations increased, but the number of those resolved decreased. Finally, there is no information linking unresolved observations to the sanctions applied by the office of the Comptroller. The general conclusion is that, due to the structural design of the oversight process, which turns the application of sanctions over to the Executive Power, the audits carried out by ISAF, although they inhibit the misuse of resources in the lower levels of the state administration, do not prevent embezzlement of funds in the upper levels.

En este artículo se estudia la fiscalización de las cuentas públicas, de 2004 a 2010, en cinco dependencias del Gobierno de Sonora. La pregunta de investigación es qué tan efectiva es la fiscalización que realiza el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, para combatir el uso indebido de los recursos públicos. Al revisar el marco legal, se encontró que el instituto carece de facultades para sancionar, y que esta es tarea de la Secretaría de la Contraloría General, una dependencia del mismo Ejecutivo. Por otra parte, al analizar las observaciones, solventaciones y sanciones incluidas en los informes de resultados presentados por el instituto, se encontró que la Oficina del Ejecutivo queda exenta de observaciones, y que en el resto de las dependencias el número de éstas aumentó, mientras que el de las solventadas tendió a decrecer durante el periodo. Por último, no hay información que vincule las observaciones no solventadas con las sanciones aplicadas por la Contraloría. La conclusión general es que, debido al diseño estructural de la fiscalización que regresa al ámbito del Ejecutivo para la aplicación de sanciones, la fiscalización del instituto, si bien inhibe el mal uso de los recursos en los ámbitos operativos de la administración estatal, no impide ni evita la malversación de fondos de alto nivel.