Statu quo, toma de decisiones y políticas públicas: Estudio sobre las reformas constitucionales en materia de guardia nacional en méxico

Abstract

La creación constitucional de la Guardia Nacional en México, en 2019, como uno de los proyectos legislativos prioritarios del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, representó la decisión política más importante en materia de seguridad pública de su mandato. Esto al menos por dos razones fundamentales. La primera razón se relaciona con la urgencia de una respuesta efectiva al problema de la inseguridad y las violencias sociales de las últimas décadas, a través de la creación de un órgano de seguridad pública de carácter civil militar que, por un lado, reivindicara el modelo de proximidad de las policías y, por el otro, se basara en la disciplina de las fuerzas armadas. La segunda razón tiene que ver con el debate sobre los riesgos de dar a las Fuerzas Armadas de México responsabilidades de seguridad pública, siendo considerada una propuesta constitucional y convencionalmente inviable por diferentes organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos y voces de la opinión pública, así como un instrumento para la narrativa política y la negociación de los grupos parlamentarios de oposición en el Poder Legislativo. Esta primera reforma constitucional devino del compromiso de campaña que, en 2018, el entonces candidato a la presidencia de la República por la coalición “Juntos Haremos Historia” hizo con la ciudadanía para hacer frente a la violencia que afectaba al país, la cual se incluyó en la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024.