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Análisis de la implementación del Programa Parcial de Mejoramiento y Conservación del Centro Urbano de Hermosillo en el periodo 2007-2014.
(El Colegio de Sonora, 2015-12-16) Monteverde Avalos, Miguel Angel, sustentante; MONTEVERDE AVALOS, MIGUEL ANGEL; 588284; PEÑA MANCILLAS, VICTOR SAMUEL;D 234605; PINEDA PABLOS, NICOLAS; 11876; Rubio Campos, Jesús; 234294
La presente investigación analiza el proceso de implementación de la política urbana de recuperación del centro histórico y comercial de la ciudad de Hermosillo, el Programa Parcial de Mejoramiento y Conservación del Centro Urbano, durante el periodo 2007-2014. Se revisó el enfoque de políticas públicas para determinar los factores que obstaculizaron el cumplimiento de los propósitos de la política en cuestión. El trabajo es de tipo descriptivo- interpretativo. Con ayuda del estudio de caso instrumental como herramienta teórico-metodológica, se describió el proceso de implementación a partir de la información recolectada por medio de entrevistas semiestructuradas a actores involucrados y de una revisión documental. La evidencia demostró que la estructura lineal, del decisor a la periferia, erosionó el alcance transversal de esta política urbana. Los factores que obstaculizaron el proceso de implementación están relacionados con el contenido de la política, con recursos financieros y de consenso, y el cambio de prioridades en las administraciones públicas municipales. Se concluyó que esta política urbana no desarrolló la capacidad de renovación ni de apropiación por los actores que inciden dentro del territorio del centro urbano; su alcance dependió de sus promotores y de las prioridades políticas del momento. Por último, se establecieron recomendaciones extraídas de la experiencia del caso instrumental.
Capacidad institucional en los organismos públicos de agua en zonas metropolitanas : un estudio comparativo de servicios de agua y drenaje de Monterrey y sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado de Guadalajara (2005-2015)
(El Colegio de Sonora, 2018-12-01) Cruz Archuleta, Christian Manuel, sustentante; CRUZ ARCHULETA, CHRISTIAN MANUEL; 737857; SALAZAR ADAMS, JESUS ALEJANDRO;D 40399; CALDERA ORTEGA, ALEX RICARDO; 206077; PINEDA PABLOS, NICOLAS; 11876; 692
El presente trabajo de investigación esta conformado por seis capítulos en donde se analizan desde diversas perspectivas a los Organismos Operadores de Agua Potable (OOA) de dos de las principales zonas metropolitanas del país: Monterrey y Guadalajara. Estas áreas tienen grandes aportaciones al PIB Nacional, asi como niveles de población superiores a la media nacional, por lo que el estudio de dichos organismos es de suma relevancia para el estudio de las políticas públicas de México. Para ello se adaptó un modelo de medición de capacidad institucional para los OOA, en el que se desarrollaron diversos indicadores que permitieron conocer como es que los organismos gestionan sus recursos para convertirlos en un servicio público. Este análisis se extendió a diez años de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D (SADM) y del Sistema Intermunicipal de Agua de Guadalajara (SIAPA), utilizandose diveras herramientas metodológicas, entre las que se encuentran la revisión documental, entrevistas y visitas diversas a ambas zonas metropolitanas. Como organismos públicos se debe contextualizar las formas que ha tomado el Estado en la cosecución de sus objetivos en el rubro de servicios públicos, desde un Estado Robusto en el intento de resolverlo todo, siendo garante protector en cada uno de sus deberes; después, bajo las corrientes de eficacia, se transitó a un Estado Delgado, en el que las políticas públicas se implementan de manera parcial, sin tratar de resolverlo todo, y buscando en este caso, la autosuficiencia de los propios organismos. Lo anterior se observó a partir de las reformas constitucionales en donde se facultaba a los municipios en la prestación de los servicios públicos de agua y alcantarillado; sin embargo en estos procesos de cambio pareciera no terminarse de resolver los problemas de fondo de las políticas públicas del agua en México, pues sigue existiendo una dependencia de los recursos de la federación, así como una gran deficiencia, pero uno de los grandes temas a resolver es el clientelismo político provocado por las prebendas electorales que el recurso hidríco representa para los gobiernos locales. Bajo este contexto más amplío, se analizó a SADM y a SIAPA, a través de tres niveles: el micro en donde se analizaron aspectos de recursos humanos, desde salarios hasta sistema de sanciones; en el nivel meso aspectos de gestión de los recursos jurídicos como marcos normativos de tarifas; los recursos financieros, recursos organizacionales y administrativos, y recursos tecnológicos. Por último, el nivel macro en donde se estudiaron aspectos contextuales relativos a la arena política con el fin explicar desde una perspectiva más amplía los comportamientos que se detectaron en los otros dos niveles. En los hallazgos del nivel micro se detectaron similitudes en la medición de los indicadores, resultando solo diferencias en el rubro de cumplimiento de horas de capacitación, y en las propias horas de capacitación, en el que SADM tiene una enorme brecha de efectividad que, incluso, lo posiciona como uno de los organismos que más horas – hombre de capacitación tiene respecto al personal total. Ahora, en el nivel meso se cuenta con un marco normativo fuerte respecto a tarifas, pero en SIAPA parece no haber una obligatoriedad para el organismo en las propias actualizaciones de tarifas, ya que en algunos años no hubo incremento, pese a que se establece un esquema de actualización. Así mismo, los recursos organizacionales representan otra enorme brecha entre ambos OOA, ya que en SADM la planeación a largo plazo ha permitido una despolitización – o al menos es menos vulnerable – del agua y el servicio público; en cambio SIAPA no tiene una correcta coordinación con los alcaldes metropolitanos, ni cuenta con ejes rectores para la propia planeación. En los recursos tecnológicos ambos organismos presentan similitud en aspectos como la medición micro y macro, así como en sistemas de lecturas y métodos de pago. El aspecto financiero representa otra enorme brecha, ya que SIAPA cuenta con poca autonomía financiera de sus proyectos de inversión de obra pública, mientras que SADM ha tenido una gran participación con sus recursos propios en este rubro. Las propias calificaciones crediticias han avalado esto, por lo que han calificado a SADM como un organismo con finanzas estables; SIAPA en este sentido ha variado a lo largo de estos diez años de estudio, logrando una recuperación crediticia en los últimos tres años de estudio (2012-2015) por las propias reformas que se hicieron. Por último, el aspecto macro explica muchos de los hallazgos en los niveles anteriores, al contar la historia contextual de las decisiones sobre las inversiones, los mega proyectos o las deudas adquiridas. En este nivel se encontraron aspectos interesantes como los intereses personales de algunos directores de SIAPA por algún puesto de elección popular – que fueron legítimos – pero implicaban compromisos con la propia gestión del organismo. En el sentido positivo, el aspecto político llevó a grandes acuerdos a los alcaldes de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) para la proyección de 25 años de todos los municipios que lo conforman, visualizando grandes proyectos que aseguren el abastecimiento de la población y la industria, bajo un crecimiento sostenido.
Competitividad electoral y clientelismo político: el caso del municipio de Granados, 2003-2006.
(El Colegio de Sonora, 2008-02-28) Santini Rodriguez, Francisco Javier, sustentante; SANTINI RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER; 171609; POOM MEDINA, JUAN;D 74985; PINEDA PABLOS, NICOLAS; 11876
Conflictos socioambientales en áreas protegidas: caso “Mavavi” (1997-2003).
(El Colegio de Sonora, 2015-12-14) Pallanez Murrieta, Maribel, sustentante; PALLANEZ MURRIETA, MARIBEL; 94011; MORENO VAZQUEZ, JOSE LUIS;D 80244; PINEDA PABLOS, NICOLAS; 11876; BURQUEZ MONTIJO, JOSE ALBERTO; 7601
Esta tesis doctoral analiza el conflicto gestado durante seis años (1997-2003) entre un grupo conformado por mineros, ejidatarios y ganaderos como opositores y un grupo conformado por las instituciones de medio ambiente del gobierno mexicano y organizaciones no gubernamentales (ONG) como los promotores de una propuesta de decreto de un área natural protegida denominada “Reserva de la Biosfera Mavavi” localizada en el noreste del estado de Sonora, México y que cubría una superficie de 780 114 ha, en una zona de relevancia hidrológica para los estados de Sonora, México y Arizona, Estados Unidos pero también de relevancia para la industria minera. La superficie propuesta como reserva contenía 106 concesiones, en su mayoría propiedad de Grupo México, (la empresa minera más importante del país y con las mayores reservas de cobre en Latinoamérica), concesiones de las que obtenían el 90% del cobre producido anualmente en México. Además, junto con Minera Frisco e Industrias Peñoles, tenía 244 denuncios mineros para extracciones futuras, una inversión programada de 760 millones de dólares, y 59 pozos localizados en la cuenca del río San Pedro (río que nace en Sonora y fluye hacia Arizona) con lo que cubrían sus necesidades de agua. A pesar de que existían los elementos que justificaban la conservación de la zona, los mecanismos legales y financieros, y la voluntad política para lograrlo, la propuesta de decreto no prosperó debido a la resistencia del grupo opositor. Para analizar la dinámica del conflicto y los elementos que se pusieron en juego para generar una “no política” para la conservación del sitio, se utilizó el Marco Teórico de las Coaliciones Promotoras (Advocacy Coalition Framework) creado por Sabatier en 1988 y desarrollado años después (1993) junto a Hank C. Jenkins-Smith. El Marco de las Coaliciones Promotoras, aborda el papel de los grupos denominados “coaliciones” dentro del subsistema de la política e intenta explicar la forma en la que se produce un cambio en las políticas públicas donde juegan un papel principal las ideas, los aspectos cognitivos, los valores y las creencias. El documento se divide en seis capítulos que describen los alcances de la investigación, el marco teórico y conceptual utilizado para el abordaje del tema, la dinámica del conflicto, el análisis de la información y las conclusiones y recomendaciones. La investigación espera contribuir a la reflexión en torno a la trascendencia de profundizar en los factores que conforman los conflictos generados desde la esfera gubernamental cuando se intenta decretar una ANP, con lo que se sienta un precedente para la actuación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en la consolidación de futuras áreas naturales protegidas en México, para las ONG nacionales e internacionales que se enfrentan frecuentemente a este tipo de problemáticas y para la sociedad que coexiste con un espacio destinado a la conservación de la naturaleza.
La denuncia de corrupción y el problema oculto: prácticas institucionales que perpetúan la impunidad.
(El Colegio de Sonora, 2022-02-01) Encinas Islas, Manuel Alejandro, sustentante; Encinas Islas, Manuel Alejandro;*CA1354473; PEÑA MANCILLAS, VICTOR SAMUEL;D 234605; PINEDA PABLOS, NICOLAS; 11876; CEJUDO RAMIREZ, GUILLERMO MIGUEL; 37025
La ‘cifra oculta’ de corrupción es un concepto empleado para denominar al grupo de víctimas de corrupción que no acuden a una autoridad para presentar una denuncia formal. Esta cifra implica un vacío en la información que se tiene respecto a la dimensión real del fenómeno de la corrupción y, con ello, es un límite de las opciones de abordaje desde las políticas públicas. La presente investigación retoma el fenómeno de la cifra oculta de corrupción en Sonora y analiza las prácticas en las organizaciones gubernamentales que inciden en las motivaciones de la ciudadanía para no denunciar. Para ello, se aprovechan técnicas complementarias con el objeto de analizar los procedimientos de denuncia ciudadana de corrupción y los actores que intervienen en ellos, en el contexto del Estado de Sonora durante el periodo 2015-2020. Se utiliza el marco conceptual de las ‘cargas administrativas’ para identificar las etapas y actividades que experimentan las personas servidoras públicas como onerosas y que impactan en la decisión de la ciudadanía víctima de corrupción sobre no denunciar. Asimismo, el nuevo institucionalismo fue aplicado en el análisis de las prácticas al interior de las organizaciones gubernamentales competentes para recibir y tramitar denuncias. Como resultado de esta investigación, se encontró que las cargas administrativas producen ineficiencia en la organización y, en consecuencia, generan un escenario donde la impunidad de la corrupción se institucionaliza. Asimismo, se encontró que políticas públicas de combate punitivo de la corrupción no han retomado de forma particular este problema, con lo cual persiste la apatía ciudadana con relación a la denuncia.
Estudio de dos modelos de gestión del agua potable en México: los casos de Hermosillo, Sonora y Saltillo, Coahuila.
(El Colegio de Sonora, 2012-06-06) Haro Velarde, Noemi, sustentante; HARO VELARDE, NOEMI; 345191; SALAZAR ADAMS, JESUS ALEJANDRO;D 40399; PINEDA PABLOS, NICOLAS; 11876; MORENO VAZQUEZ, JOSE LUIS; 80244
En el año de 1983 se inicia un proceso de descentralización del agua hacia los municipios, se transfiere responsabilidad de la gestión de los servicios urbanos, incluidos el agua. No obstante es hasta la década de los noventa que se concreta en medidas de política con dos implicaciones, la primera, la construcción de un nuevo marco regulatorio y segunda, la creación de nuevas instituciones federales, estatales y municipales. Entre las instituciones creadas se puede destacar a la Comisión Nacional del Agua (CNA) encargada de supervisar la política nacional. A nivel local se identifican a las diversas Comisiones Estatales de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, así como organismos operadores a nivel municipal quienes serán las responsables de la provisión del servicio a nivel local. Sin embargo, pese a las reformas institucionales implementadas, se observa la prevalencia de problemas de abastecimiento a las zonas urbanas, y de eficiencia en los sistemas de agua potable, donde la demanda excede a la capacidad de extracción, que resulta ser muy costosa. En 1992 la liberación de los mercados de tierra y agua con la Reforma al Artículo 27 constitucional y en el mismo año, la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales como reglamentaria del Artículo 27 sostiene como objetivos fundamentales de la administración del agua: “la mayor participación de los usuarios y la participación privada en el financiamiento, construcción y operación, la seguridad jurídica de los aprovechamientos y el desarrollo integral sustentable del agua, sus bienes y servicios”. Esta legislación representa un cambio central ya que señala que el sector público se puede complementar con la participación e inversión privada con el financiamiento, construcción y operación de infraestructura. En este nuevo esquema de gestión el agua continúa siendo un bien de dominio público, sin embargo, se avanza abriendo espacios de participación para los usuarios y la iniciativa privada. En este contexto, se plantea el análisis comparativo de dos modelos de gestión, el de Hermosillo Sonora y el de Saltillo Coahuila en el periodo 2001-2010. En los años 2001 y 2002 respectivamente, los organismos Agua de Hermosillo y Aguas de Saltillo se descentralizan, el primero de ellos, pasa de manos del Estado a manos del municipio la responsabilidad y operatividad del sistema. En el caso de Aguas de Saltillo, el gobierno municipal toma la determinación de implementar un esquema mixto público – privado de administración a través de la incorporación de la participación privada. En el caso de Aguas de Hermosillo, en 2000 estaba constituido como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, COAPAES, el cual contaba con una cobertura de agua potable de 95% y de alcantarillado del 87%. El consumo por habitante por día oscilaba en los 260 l/s, con una dotación de 340 l/s. El sistema contaba con una eficiencia global de 45%, con una eficiencia en el cobro del servicio de 58% y la eficiencia física de 56%, es decir, se perdía el 22% del agua introducida en la red. La macromedición del sistema tenía una cobertura cerca al 50%, y una micromedición que oscilaba alrededor del 60%. El abastecimiento de agua para usuarios públicos como escuelas, el riego de parques y dependencias de gobierno estaba exento de pago. La estructura de tarifa era muy simple, constituida por seis rangos de consumo tanto para usuarios domésticos, industriales, comerciales y de servicios. En el año 2002, COAPAES desaparece y se constituye Agua de Hermosillo (AGUAH) como un organismo descentralizado de la administración municipal. En lo que respecta a la ciudad de Saltillo, la operación del sistema de agua estaba antes de su semi-privatización en octubre del 2001 a cargo de SIMAS-Saltillo, organismo público descentralizado de la administración pública municipal, creado en 1997. Durante los quince años anteriores, había estado bajo la administración de un organismo estatal, Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila (SAPAC), el cual cambió su nombre en 1994 a Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Coahuila (CEAS). Las perdidas físicas y comerciales eran importantes, resultaban en una eficiencia física menor al 45%, aunado a esta situación, de cada 100 litros extraídos se lograban facturar menos de 50 litros. Otro problema era la exención de pago de ciertos grupos, usuarios públicos como escuelas, parques y dependencias de gobierno, adicionalmente, se condonaba el 50% del pago por el servicio a los trabajadores del SIMAS. Uno de los problemas que se tenían que enfrentar era la disminución de la disponibilidad de agua ya que la mitad de las fuentes de abastecimiento se encontraban fuera de servicio, la obsolescencia y mal mantenimiento de la red provocaban pérdidas de aproximadamente 30% del agua en el sistema. Aunado a esta situación se tenía una deficiente facturación y cobranza que reduce la rentabilidad del organismo. Adicionalmente a estos problemas de infraestructura física, la estructura tarifaria era compleja y poco práctica para el usuario al manejar tantos rangos de consumo como tarifas diferentes. Sólo el 10% de la población tenía abastecimiento diario, el restante 90% lo recibía de tres a cuatro días por semana, lo que provocaba una inconformidad generalizada con el organismo operador. A finales de los años noventas, SIMAS tuvo una cobertura del 95% de la población pero sólo 55% de los usuarios contaban con medidor y dadas las persistencias en la ineficiencia operativa en 2001 las autoridades estatales y municipales decidieron formar una empresa con participación privada y pública de acuerdo con la Ley para los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Coahuila, aprobada en 1992 y modificada en 2001.La problemática que giraba en torno del área operativa, comercial y de producción se agravaba por la difícil situación de las fuentes de abastecimiento que en las condiciones de ineficiencia en que se encontraban operando, el organismo sólo podía ofrecer el servicio continuo al 10% de la población la cual experimentaba un escenario de crecimiento y desarrollo urbano. La empresa paramunicipal Agua de Saltillo surge en 2001 como una solución a las deficiencias administrativas, comercial y operativas del organismo operador. A partir de 2001 la administración del agua en Saltillo se da mediante un esquema mixto de participación privada convenida por un periodo de 25 años, a través de la constitución de una empresa paramunicipal bajo la forma de sociedad anónima de capital variable, donde el Municipio de Saltillo cuenta con el 51% del capital social de la empresa y el Grupo Aguas de Barcelona el 49% restante. Desde su inicio ha sido un esquema de participación novedoso en México, pero por consenso el gobierno municipal determinó que era la única opción viable para resolver los problemas que persistían en el sistema de suministro de agua ante los retos que planteaban el deterioro de las fuentes de abastecimiento y el crecimiento urbano de la ciudad. El gobierno municipal planeó y preparó al organismo operador con inversiones para mejorar las condiciones de infraestructura prevalecientes hasta ese momento. Han transcurrido cerca de 10 años de ambos procesos de descentralización. En este documento se evalúa el comportamiento de los modelos de gestión de Agua de Hermosillo y Aguas de Saltillo en el periodo 2003-2010 y de los resultados obtenidos en dicho periodo resultado de las practicas administrativa, técnicas y operativas, el objetivo es determinar, ¿cuáles son las características del modelo de gestión que ha resultado ser más exitoso en la gestión del agua y ha logrado obtener los resultados más eficientes? Para evaluar el proceso de gestión en el periodo 2003-2010 se seleccionaron un conjunto de indicadores administrativos, operativos, comerciales y financieros, que reflejan los resultados obtenidos de cada esquema de gestión. Entre los indicadores se encuentran: antecedentes de la administración, análisis de la estructura actual administrativa, aspectos de la geografía física, (como ubicación, clima, relieve y precipitación) y comportamiento de la población, cobertura, tipos de usuarios, número de tomas, dotación y consumo, micromedición y macromedición, eficiencia física, comercial y global, y pérdidas por longitud de red. Algunos de los aspectos que comprende la revisión son las fuentes de abastecimiento, volumen suministrado por captación, los sistemas de saneamiento, tandeos y finalmente, aspectos financieros y de estructura de tarifas. Debido a la disponibilidad de datos, la mayoría de los indicadores se encuentran disponibles en el periodo 2003-2010, excepto el indicador de tarifas, el cual se realiza únicamente para el año 2010, último año de análisis, con el objetivo de mostrar la estructura de los rangos y la tarifa vigente. La fuentes consultadas son las publicaciones emitidas por cada organismo operador, en el caso de Aguas de Saltillo, las memorias anuales que se publican a partir de 2003 y en Agua de Hermosillo se revisó la publicación del documento indicadores de gestión que agrupa varios indicadores en el periodo 2005-2009. Una fuente de información sumamente importante para el análisis de los indicadores de gestión, son los indicadores publicados por el Programa de Indicadores de Organismos Operadores (PIGOO) publicados por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. El comportamiento de los principales indicadores de gestión en cada organismo operador se presentan en el capítulo II y el capítulo III en donde se hace una revisión individual y detallada con el objetivo de mostrar la tendencia del indicadores en el periodo de tiempo estudiado y posteriormente contrastar los resultados más sobresalientes de cada organismo operador que se realiza en el capítulo IV donde se construye el comparativo de los principales indicadores. Entre los principales resultados de la revisión se observa que Aguas de Saltillo, organismo mixto de participación pública privada a partir de 2001, ha implementado un enfoque de gestión más de tipo empresarial y estratégico basado en objetivos de eficiencia la utilización de los recursos en todas las áreas de operación. Para la administración y vigilancia la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo, se formó un Consejo de Accionistas y Administración que determina y vigila las principales decisiones e inversiones de la empresa. El Consejo de administración está conformado por nueve consejeros y sus respectivos suplentes tanto del sector público como del sector privado cuyos nombramientos se determinan en la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Entre los integrantes del Consejo de Administración se encuentra el presidente municipal del R. Ayuntamiento de Saltillo, quien fungirá como presidente del Consejo de Administración, un representante del gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza y tres serán miembros de la Sociedad Civil de Saltillo. Cuatro consejeros propietarios y sus respectivos suplentes serán electos o propuestos para ser aprobados ante la asamblea por los accionistas tenedores de acciones. La vigilancia de AGSAL se encomienda actualmente a un comisario. En la conformación del contrato de asociación AGSAL se acuerda que el objetivo general de esa empresa será: “proporcionar los servicios de agua potable y alcantarillado a los núcleos de población, fraccionamientos y privadas, asentadas en el municipio de Saltillo, Coahuila, en los términos previstos por la legislación vigente y en los convenios y contratos para tal efecto”. El contrato no incluye drenaje pluvial. En el contrato también se acuerda que la asamblea de accionistas será el órgano supremo de la empresa. Este modelo de empresa que integra a la participación privada cuenta con las siguientes ventajas: a) el socio público mantiene el control de la compañía, el socio público mantiene la titularidad de los activos, b) en general, se generan ventajas asociadas a las formas de gestión privada, c) normalmente una compañía con esta distribución tendrá más posibilidades de captar recursos financieros, ofreciendo la garantía de un socio privado adecuado, con una sólida solvencia d gestión y financiera, d) suelen ser empresas menos condicionadas por decisiones de tipo político e) con una compañía bien gestionada, se puede aprovechar la generación de recursos económicos (cash-flow) para financiar parte del plan de inversiones necesarias en el municipio (garantías adecuadas) Es un modelo de gestión que se encuentra en constante evaluación y mejora continua, en este proceso se revisa si se han generado las mejoras que se asumieron en el contrato de asociación reconocido por la parte privada, adicionalmente, se utilizan indicadores operativos y de la percepción por parte de los usuarios sobre el desempeño de Aguas de Saltillo. La administración del organismo realiza la publicación de las memorias anuales como mecanismo de difusión de la situación actual del organismo operador y de los avances alcanzados anualmente, este aspecto facilita el acceso público a la información. La gestión llevada acabo en Aguas de Saltillo ha propiciado resultados favorables en los distintos indicadores de eficiencia, operativos, técnicos y comerciales observados en el periodo 2003-2010. Aguas de Saltillo se perfila para convertirse en un patrón gestión exitosa a nivel nacional, con procesos certificados por el ISO9001:2001. Agua de Hermosillo fue creada en enero de 2002 como un organismo público descentralizado de la administración municipal. Está regido por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo (ciudadano), un Director General y un Comisario, cuyos puestos duran 3 años al estar sujetos al cambio de administración municipalAdministrativamente, “la visión de la empresa pública, es ser un organismo competitivo y eficaz en el mediano plazo, contando con las fuentes de abastecimiento, infraestructura y el ordenamiento necesario y suficientes para satisfacer con oportunidad y calidad las demandas de los usuarios” (Manual de organización 2007) aprobado por unanimidad el día 29 de octubre de 2007. El objetivo es proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad al 100% de los usuarios, mediante un organismo autosuficiente que respalde el desarrollo integral y sustentable del municipio, promoviendo una nueva cultura del uso y pago del agua. El organismo Agua de Hermosillo para su administración y funcionamiento, contará con: una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo, un Director General y un Comisario. La Junta de Gobierno se integra de la siguiente forma: el Presidente Municipal que la presidirá, un representante de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, un representante del Gobierno del Estado, un representante de la Comisión Nacional del Agua, a quien invitará a participar en la Junta, el presidente del Consejo Consultivo del Organismo, el síndico municipal, el tesorero municipal, el Director General del Desarrollo Urbano y Obras Públicas o su equivalente, el vicepresidente del Consejo Consultivo, finalmente, el Contralor Municipal, sin ser miembro de la Junta, asistirá a las sesiones con voz,pero sin voto. La Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo durarán en su encargo tres años, coincidentes con el período de gobierno del H. Ayuntamiento de Hermosillo. La Junta de Gobierno, es el órgano superior del organismo, para el cumplimiento de los objetivos de la Paramunicipal, tendrá las más amplias facultades de dominio, administración y representación que requieran de poder o Cláusula Especial. Agua de Hermosillo opera con un esquema de administración pública descentralizada entorno a una política de oferta, se observan avances encaminados a mejorar las condiciones de la operación, sin embargo, han sido insuficientes y han resultado en indicadores de eficiencia que apenas si han mostrado crecimiento en el periodo 2003-2010, con serias deficiencias en las áreas administrativas, operativas, técnicas y comerciales. El Organismo Operador contará con un Consejo Consultivo el que se integrará con un mínimo de cinco y un máximo de quince miembros designados por el H. Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, tomando en cuenta a las organizaciones representativas de los sectores social y privado y de los usuarios. El Director General será designado por la Junta de Gobierno, a propuesta del presidente del órgano superior de gobierno del Organismo. Compete al Ayuntamiento, por conducto de Contraloría Municipal, designar al comisario del Organismo Operador quien principalmente tiene la función Vigilar que la administración de los recursos se haga de acuerdo con lo que disponga la ley, los programas y presupuestos aprobados, solicitando al Director General una información mensual que incluya por lo menos el estado de la situación financiera y el de resultados. La gestión del agua en Hermosillo ha seguido un esquema centralizado y público que se observa de manera generalizada en el país. Este modelo privilegia el impulso de la oferta de los recursos hídricos mediante la construcción de grandes obras de infraestructura hidráulica –presas, acueductos- para dotar a una población en constante crecimiento y cada vez más urbanizada que demandaba servicios públicos, sin considerar los impactos ambientales provocados por el desarrollo de la infraestructura. Esta situación se observa en las diversas obras emergentes que el organismo emprende anualmente con el objetivo de asegurar el suministro cada verano. Los resultados de la gestión no han mostrado resultados positivos en los indicadores de eficiencia operativa, técnica, comercial que se han observado en el periodo 2003-2010 respecto a la situación que prevalecía en 2001 previo a la descentralización. En el caso de la eficiencia global permaneció casi constante en el tiempo, la diferencia entre los ingresos y costos del servicio han sido deficitarios, aunado a elevados niveles de endeudamiento del organismo y de tarifas crecientes en el tiempo. En general, Agua de Hermosillo es un organismo cuyo servicio es caro e ineficiente en la producción, distribución y cobro del servicio.
Gestión pública local y redes transfronterizas. Nogales, Sonora 2003-2009.
(El Colegio de Sonora, 2013-11-22) Yocupicio Torres, Daniella, sustentante; YOCUPICIO TORRES, DANIELLA; 252073; POOM MEDINA, JUAN;D 74985; PINEDA PABLOS, NICOLAS; 11876; RAMIREZ CAMBEROS, JEHU JONATHAN; 46584
El estudio de caso con el que contribuye la investigación titulada Gestión Pública Local y Redes Transfronterizas: Nogales, Sonora 2003-2009, conjuga el enfoque de la adopción de las tendencias Nueva Gestión Pública y Gobernanza como expresiones contemporáneas de cambio de modelo que registra la Administración Pública, con la perspectiva de las implicaciones del fenómeno de la regionalización para el contexto del municipio fronterizo del norte de México. Las experiencias gubernamentales del municipio de Nogales, en el referente temporal, señalan la presencia de prácticas que coinciden con las tendencias de la AP y muestran gobiernos municipales no tradicionales. Esta investigación determina los factores que explican la adopción de cambios y describe los rasgos característicos de las nuevas prácticas en relación a la NGP y la Gobernanza, con especial énfasis en la relación de los problemas públicos transfronterizos con la gestión de políticas públicas transfronterizas. El estudio pone a prueba dos hipótesis, la principal que enuncia: el contexto transfronterizo de los problemas públicos impulsa al gobierno municipal a la adopción de nuevas prácticas de gestión, implementando mecanismos de gestión y políticas públicas transfronterizas, los cuales remiten al surgimiento de un nuevo escenario local caracterizado por la incorporación de nuevas temáticas a la agenda, relaciones interorganizacionales, intergubernamentales y binacionales; y una hipótesis complementaria que señala: la alternancia política, la competitividad electoral, la voluntad política, la formación académica y experiencia profesional de los miembros Ayuntamiento, así como la capacidad administrativa y financiera son factores que participan en la adopción de nuevas prácticas de gestión pública en el municipio de Nogales. 11Los hallazgos de la dimensión político-administrativa, que dan sentido a la hipótesis complementaria, indican que 1) el tránsito de este municipio desde un sistema de partido hegemónico al bipartidismo sucedió en 1994, el inicio de un escenario de competitividad electoral en 2003 y el primer triunfo de la oposición en 2006, suscitan un escenario de yuxtaposición política que exige mayor capacidad para relacionarse y gestionar intergubernamentalmente, mayor iniciativa, liderazgo y voluntad política para enfrentar las problemáticas de la comunidad, estrechar vínculos con la ciudadanía y conservar el voto del electorado; 2) La capacidad de gobierno al ser considerada reflejo de la experiencia profesional y la formación académica del presidente municipal y su equipo, muestra dos escenarios: el gobierno priista 2003-2006, tuvo un alcalde con educación media-superior y funcionarios de nivel licenciatura o superior, provenientes del sector público y privado; en tanto que, la administración panista 2006-2009, fue encabezada por un licenciado en administración de empresas y la mayoría de los funcionarios contaba con posgrado en áreas afines a la dependencia a su cargo y provenían de los sectores público, privado, social y académico; 3) En cuanto a la capacidad financiera del municipio, en ambos trienios, pero mayormente durante el segundo en estudio, se observó la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento de origen crediticio y por emisión de deuda, así como la mejora de la recaudación de impuestos y cobro de derechos. La conjugación de estos factores favoreció la implementación de cambios en los siguientes rubros: mecanismos de participación ciudadana, relaciones y gestiones intergubernamentales, relaciones y gestiones interorganizacionales, transparencia, profesionalismo y calidad, pensamiento, dirección y planeación estratégica y las nuevas formas organizacionales y funcionales localizadas. El análisis de los referentes empíricos y su contabilización de las nuevas prácticas adoptadas, 12encuentra que el gobierno municipal 2006-2009 implementó más acciones que coinciden con las tendencias de la NGP y la Gobernanza. Aunado a los anteriores factores político-administrativos, el estudio corrobora que 1) entre Nogales, Sonora y Nogales, Arizona existe un consenso sobre los problemas compartidos en materia de infraestructura ambiental, infraestructura económica y seguridad, y la necesidad de trabajo conjunto para darles solución. Pero no sólo el consenso entre Ambos Nogales sobre los problemas transfronterizos incentiva la gestión transfronteriza, también, 2) sobresale la importancia del régimen institucional desarrollado para la frontera, como ventanas de oportunidad para la participación de actores locales bajo un modelo de cooperación que impulsa el trabajo transfronterizo. Asimismo, la investigación encuentra que 3) las afinidades socioculturales entre Ambos Nogales constituyen un elemento primordial que favorece la definición de lo transfronterizo y de la gestión compartida necesaria en este entorno. Se observa un proceso de transición en la relación entre Ambos Nogales durante el referente temporal, del predominio de lazos informales en el trienio 2003-2006, hacia el establecimiento de vínculos laborales en 2006-2009. La relación y gestión transfronteriza de Ambos Nogales se practica aun careciendo de Acuerdos Interinstitucionales y se caracteriza por no por la aportación directa de recursos económicos, sino por la gestión conjunta de recursos para proyectos transfronterizos, la búsqueda de continuidad y/o complementariedad de los proyectos de cada uno de ellos, incluye el manejo de emergencias, el intercambio de información, la coordinación y cooperación como mecanismo de genera beneficios para ambas comunidades. Por medio de un análisis de redes egocéntricas de la gestión transfronteriza en la que participa el gobierno municipal de Nogales, se da soporte a la afirmación que sugiere la presencia de un escenario de gobernanza moderna en el dominio transfronterizo, que emplea mecanismos 13de gestión interorganizacional, intergubernamental y binacional. Se determinó que la red egocéntrica se integra por 79 contactos directos de ambos lados de la frontera, los cuales son actores gubernamentales locales, estatales o federales, organizaciones civiles y empresariales, instituciones académicas y binacionales interesados en resolver las necesidades transfronterizas de la zona. Los atributos de estos actores los definen su participación en los temas transfronterizos de infraestructura ambiental, económica y de seguridad, así como los recursos que proveen a la red: económico, técnico-legal, humano-material, información-comunicación y varios de los anteriores. Las relaciones que involucran recursos económicos son las más escasas, seguido ascendentemente de aquellas que brindan apoyo humano y material, información-comunicación, apoyo técnico-legal y por último, en el grupo más numeroso se encuentran quienes reciben o aportan recursos mixtos. El estudio también comprueba que los lazos más fuertes ocurren entre los actores con intereses más afines a los del gobierno municipal de Nogales. La gestión transfronteriza arrojó como resultados el establecimiento de mejores canales de comunicación, mecanismos para el manejo coordinado de emergencias, el reconocimiento de realizar planeación conjunta y 5 proyectos en materia ambiental. Ante la presencia de múltiples factores que incidieron en la adopción de nuevas prácticas por el gobierno municipal de Nogales durante el periodo 2003-2009, el documento concluye señalando la necesidad de que los procesos de cambio se mantengan como objetivo permanente y en mejora continua, a pesar de los desafíos que implican los cambios de partido político y la falta de iniciativa y profesionalización de funcionarios y servidores públicos. Finalmente, se considera que la gestión transfronteriza fortalece la capacidad del gobierno municipal como actor local para incidir en las políticas públicas que le son específicas su entorno.
La gobernanza del transporte público urbano: un estudio comparativo de los sistemas de Hermosillo, Sonora y León, Guanajuato 2009-2015
(El Colegio de Sonora, 2018-02-15) Acosta García, Sandra, sustentante; ACOSTA GARCIA, SANDRA; 589860; COVARRUBIAS VALDENEGRO, ALEX;D 13085; PINEDA PABLOS, NICOLAS; 11876; PALAFOX MOYERS, RICARDO ARTURO; 585448
En México y en Sonora, las ciudades enfrentan grandes retos debido a su expansión territorial y los problemas de movilidad que ésta ocasiona. De los medios de transporte urbano, el transporte público colectivo es el que mueve a la mayor parte de la población. Este servicio, que generalmente se presta a través de concesiones, dado el contexto sociopolítico en las ciudades, prueba la capacidad los gobiernos para generar una acción colectiva en torno a los programas diseñados en la materia, mantener la rectoría de dicho servicio y producir un valor agregado a la inversión pública que se refleje en mejoras para los usuarios y la comunidad en general. Este trabajo propone pensar cómo, desde los estudios comparados de gobernanza urbana, con el Modelo de Hendriks como hilo conductor, se puede lograr una mayor comprensión de los sistemas de transporte público urbano. Se enfoca en Hermosillo, Sonora como unidad de análisis principal y en León, Guanajuato, como referente. Las transformaciones en la gestión y la estructura de los sistemas de transporte público urbano en estas ciudades, han generado arreglos institucionales y de gobernanza que explican las diferencias en la evolución del servicio y los resultados alcanzados. Los hallazgos soportan la tesis sobre las capacidades de organización y los poderes compensatorios como factores clave para la buena gobernanza urbana.
La implementación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en los consejos de cuenca del noroeste de México : los casos del Alto Noroeste y Río Mayo
(El Colegio de Sonora, 2017-12-11) Parra Armenta, Erik Misael; Parra Armenta, Erik Misael; 271028; SALAZAR ADAMS, JESUS ALEJANDRO; 40399; CALDERA ORTEGA, ALEX RICARDO; 206077; PINEDA PABLOS, NICOLAS;D 11876
En el año 2004 con la reforma a la Ley de Aguas Nacionales se introduce formalmente en México el enfoque de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Uno de los aspectos que contempla dicha ley es que los consejos de cuenca tengan a su cargo contribuir a la gestión integral del agua en sus respectivas cuencas. El desarrollo de los consejos de cuenca ha sido lento y las voces más críticas argumentan que en estricto sentido estos espacios de participación tienen serias deficiencias institucionales y organizativas que limitan su desempeño, así como claras limitaciones jurídicas y estructurales que restringen la influencia que pueden tener en la política hídrica nacional y regional. En la actualidad no existen mecanismos formales y sistematizados para abordar el estudio de los consejos de cuenca en relación a la implementación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. En base a ello en la presente disertación se desarrolla un modelo analítico para analizar la implementación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en los consejos de cuenca. Tres son las dimensiones clave que guían el estudio: la estructura que conforma a los consejos de cuenca, la dinámica interna de funcionamiento que llevan a cabo y los resultados brindados en la resolución de problemas y conflictos. Para poner en práctica dicho modelo se analizan dos consejos de cuenca que operan en el estado de Sonora, México: el Consejo de Cuenca del Alto Noroeste y Consejo de Cuenca del Río Mayo. Los resultados revelen las limitaciones estructurales y operativas que tienen los consejos de cuenca para implementar la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.
La inaceptabilidad política de la obra estatal del Acueducto Independencia en Sonora (2010-2013)
(El Colegio de Sonora, 2014-06-06) Montoya Castillo, Adilene, sustentante; MONTOYA CASTILLO, ADILENE; 443749; MORENO VAZQUEZ, JOSE LUIS; 80244; SALAZAR ADAMS, JESUS ALEJANDRO;D 40399; PINEDA PABLOS, NICOLAS; 11876
En febrero del año 2010, el Gobierno del Estado presentó públicamente el programa “Sonora SI” con la finalidad de solucionar los problemas de agua de la entidad. Partió de la premisa de que la causa del problema era la distribución del recurso del agua y sus desperdicios, por lo que planteó como propósito su recuperación y redistribución. Para el problema de abastecimiento de agua de la ciudad de Hermosillo, en dicho programa se contempló la obra “Acueducto Independencia” (AI). El AI es una obra hidráulica que consiste en trasvasar agua desde la presa Plutarco Elías Calles “El Novillo” (ubicada en la cuenca hidrológica del río Yaqui) hacia la ciudad de Hermosillo (localizada en la cuenca del río Sonora), o sea, en un trasvase de agua entre cuencas hidrológicas. El supuesto de esta obra es que existe disponibilidad de agua en la cuenca de origen y que con el trasvase se solucionará el problema “de una vez y para siempre”. Pero la obra ha sido rechazada por un conjunto de actores y grupos del Valle del Yaqui. Ambas partes (pro y contra el AI) han expuesto sus posturas mediante argumentos de tipo técnico, legal, económico, político y social. El problema a estudiar entonces es que se está frente a un caso de conflicto por el agua, donde la demanda consiste en la oposición a una obra hidráulica promovida por el gobierno del Estado. En otras palabras, se tiene una política pública en la que su obra clave ha mantenido un estatus de inaceptabilidad durante más de 4 años, principalmente por actores del Valle del Yaqui que se dicen perjudicados por aquélla. Tal oposición ha sido manifestada en cada etapa de la obra. Primero, los opositores pretendieron evitar que se optara por el AI como la alternativa de solución y en su lugar propusieron otras opciones como: mejorar la administración de la cuenca del río Sonora, construir una desaladora y reconsiderar el Plan Hidráulico del Noroeste (PLHINO). Al no tener éxito en esa etapa, buscaron detenerla en las subsecuentes, principalmente por medios legales, y pese a algunas resoluciones judiciales que ordenaban la suspensión de la obra en tanto se resolvían algunos juicios, no pudieron lograrlo. La oposición también se manifestó a través de actividades que caracterizan a un movimiento social, tales como: marchas, manifestaciones públicas, bloqueos carreteros, desplegados en presa escrita, etc. Actualmente la obra se encuentra en operación y el grupo opositor continúa pronunciándose para que deje de hacerlo definitivamente. Ante este problema se ha propuesto la siguiente hipótesis: la obra AI ha mantenido un estatus de inaceptabilidad política porque es producto de una decisión que en primer lugar se tomó dentro de una estructura donde el nivel de participación es limitado, y en segundo porque por esa misma razón, las partes carecieron de los medios necesarios para llevar a cabo un debate formal del asunto. Por lo que, en su defecto la argumentación tuvo lugar en medios informales con el propósito de persuadir al público no informado mediante argumentos predominantemente falaces. Para probar la anterior hipótesis, esta investigación se planteó el objetivo general de explicar el estatus de inaceptabilidad política que ha tenido la obra AI durante el periodo 2010-2013. Con el apoyo de tres objetivos específicos: 1) conocer a profundidad a la coalición opositora a la obra; 2) determinar el nivel de participación en la política que tienen los actores opositores, y 3) evaluar la argumentación de ambas partes. La problemática expuesta se trata de un caso de conflicto social que es objeto de estudio de las ciencias sociales, particularmente desde la visión de la teoría y análisis de los asuntos públicos, puesto que dicho conflicto surge alrededor de una obra que forma parte de la nueva política pública hídrica del Estado. Por ello esta investigación se basó en un marco teórico conceptual, como el Marco de las Coaliciones Promotoras y el desarrollo de los conceptos: política pública, inaceptabilidad política, participación ciudadana y razón dialógica. La metodología de la investigación fue de tipo cualitativa. Se realizaron un total de 17 entrevistas abiertas de tipo semi-estructuradas a los integrantes de la coalición opositora al AI. La muestra fue de tipo justificada porque se basó en el criterio de relevancia del actor, o sea, se entrevistó a los representantes de cada sector o grupo opositor. Posteriormente con la información obtenida se desarrollaron algunos elementos del Marco de las Coaliciones Promotoras, puesto que se realizó un análisis del sistema de creencias de los actores y grupos que conforman la coalición, así como una descripción de sus recursos y estrategias. Asimismo, se consultó aproximadamente un total de 536 desplegados periodísticos relacionados con el tema, publicados en los periódicos El Imparcial y Tribuna, por ser los de mayor circulación en la región del estudio. Se tomaron como muestra aquellos que fueron suscritos por los principales actores de ambas coaliciones (promotora y opositora) y se realizó un análisis de su contenido a través de un análisis de la argumentación para verificar si sus posturas tenían justificación. La tesis se desarrolló en seis capítulos. El “Capítulo I. El problema de abastecimiento de agua en Hermosillo y el problema de sus alternativas de solución”, contiene los antecedentes más importantes del caso de estudio. En el “Capítulo II. La óptica del problema y el camino hacia la información”, se expone el marco teórico-conceptual y la metodología de la investigación. El “Capítulo III. El Acueducto Independencia en el tiempo y en el espacio”, tiene la finalidad de presentar el marco contextual del presente trabajo de tesis. En el “Capítulo IV. La participación ciudadana y la inaceptabilidad política de la obra Acueducto Independencia”, se conoce a profundidad a la coalición opositora a través de un análisis del sistema de creencias de los actores y grupos que la conforman, así como con la descripción de sus recursos y estrategias implementadas. Asimismo, se identifica el nivel de participación que tuvieron en la política pública en cuestión. Con el “Capítulo V. La razón dialógica como explicación de la inaceptabilidad política”, se analiza la argumentación de ambas partes y se determina si ésta justificó sus posturas. En el “Capítulo VI. Reflexiones finales” se contestan puntualmente las preguntas de investigación y se verifica la hipótesis. Finalmente, se proporcionan las conclusiones de la presente tesis, así como algunas recomendaciones para futuras investigaciones. Se incluye además un apartado de anexos que contiene material complementario. En la presente tesis se encontró relación entre el concepto de inaceptabilidad política con los conceptos de participación ciudadana y razón dialógica. Por un lado, se concluyó que la estructura de oportunidad en materia hídrica mantiene la participación de los ciudadanos en un nivel comunicativo frente a la política. Lo cual se traduce en la carencia de incentivos que obliguen a la coalición promotora de la obra a desarrollar de manera eficiente su razón dialógica mediante un debate formal e incluyente que conduzca a acuerdos. Por otro lado, la razón dialógica de la obra se caracterizó por un cúmulo de argumentos falaces dirigidos a la opinión pública para persuadirlos de la “perversidad” de los opositores. Ante dichas condiciones se comprende el estatus de inaceptabilidad política que ha tenido la obra AI durante más de 4 años.
Institucionalización de la transparencia gubernamental en Sonora, México: 2003-2017
(El Colegio de Sonora, 2018-06-29) Mejia Santellanes, Javier Alberto, sustentante; MEJIA SANTELLANES, JAVIER ALBERTO; 736832; PINEDA PABLOS, NICOLAS; 11876; Rubio Campos, Jesús; 234294; Peña, Victor S.;D#0000-0003-1451-0020
La institucionalización de la transparencia en Sonora se ha dado como un proceso de prueba y error. Para ello, la administración pública ha creado organizaciones formales, nuevos regímenes normativos y nuevas prácticas (Jepperson 1991). La institucionalización se ha dado de un modo tradicional que ha impedido la concreción de una experiencia de aprendizaje social. La experiencia del campo organizacional de la transparencia en Sonora ha atravesado tres períodos: innovación, estandarización y centralización (Peña 2015), aunque con un pequeño desfase en relación a las demás entidades federativas por su tardía incursión en el campo. El período de la innovación de la transparencia en México comenzó en el año 2002 cuando se publicó la primera ley federal y algunas leyes estatales. Sonora reglamentó tres años después. No fue sino hasta el año 2005 que la entidad federativa publicó su ley en la materia y fue hasta el 2006 cuando recibió la primera solicitud de información. El año 2007 se reformó el artículo sexto constitucional, imponiendo un piso mínimo a los estados. Esto implicó a nivel nacional dar paso a la estandarización. Sonora se encontraba en su curva natural de aprendizaje, implementando su etapa de innovación, cuando se vio obligada a atender el mandato constitucional que le impuso una nueva transformación. Dicha transformación sucedió hasta el año 2012, por lo que del 2006 a febrero del 2012, en Sonora las controversias en materia de transparencia fueron atendidas por un órgano no especializado, el Tribunal Estatal Electoral. Menos del año tenía de asumir su función de órgano garante el Instituto de Transparencia en Sonora, cuando a nivel nacional comenzó a discutirse la creación de una Ley General que, entre otros aspectos, permite concentrar la decisión final en la materia en un órgano nacional. De 2013 a 2017, se atraviesa una etapa de concentración, que ha incluido para Sonora una nueva Ley General, una nueva Ley Estatal, y una nueva denominación de un órgano garante en permanente construcción.
Legitimación y permanencia de organizaciones afiliadoras de vehículos de procedencia extranjera en Sonora, 2004-2019.
(El Colegio de Sonora, 2019-12-17) Anguamea Martinez, Maria Teresita Estefania, sustentante; ANGUAMEA MARTINEZ, MARIA TERESITA ESTEFANIA; 892357; SALAZAR ADAMS, JESUS ALEJANDRO;D 40399; PINEDA PABLOS, NICOLAS; 11876; LUTZ LEY, AMERICA NALLELY; 249311
Por las calles de diversos municipios en Sonora es común observar vehículos con placas no oficiales de alguna organización, en vez de portar placas oficiales del Estado. Estos vehículos son conocidos como autos “chocolates”, autos “chuecos”, vehículos de procedencia extranjera y, en el presente estudio se les denomina vehículos ilegales de procedencia extranjera (VIPE), por tratarse de unidades ilegales dentro del país. El cúmulo de VIPE en distintos municipios de diversas entidades, ha generado que desde hace varios años surjan organizaciones o agrupaciones sociales que parecen dedicarse exclusivamente a defender y proteger a los propietarios de VIPE. Una de las características importante de este tipo de organizaciones, es el proceso de afiliación que realizan para integrar miembros a su agrupación; el cual consiste en la recepción de documentos del propietario y del vehículo, el pago de una cuota establecida por la organización y a cambio, se entrega una tarjeta de identificación y una placa no oficial con el nombre de la organización. La segunda característica importante de las organizaciones afiliadoras, es que se muestran ante la sociedad como asociaciones civiles e inclusive algunas de ellas, aseguran contar con un registro de marca. En efecto, los propietarios de VIPE que son miembros de alguna organización, colocan las placas no oficiales en su vehículo y circulan por las calles sin ser detenidos por las autoridades, salvo que circulen por carretera federal o cometan alguna infracción. Ello ha provocado el descontento de la ciudadanía que posee un vehículo nacional, pues alegan la omisión del pago de impuestos por parte de los propietarios de VIPE y, por otro lado, las asociaciones automotrices mantienen una posición en contra de la legalización de VIPE, porque pueden perjudicar el mercado de vehículos nacionales. Mientras tanto, los representantes de las organizaciones afiliadoras realizan actividades de gestión con autoridades para lograr una legalización de los VIPE, además consideran que los VIPE benefician a los afiliados para realizar sus actividades diarias y lo perciben como una necesidad de movilidad. Para desarrollar el trabajo de investigación, el estudio se concentra en analizar a las organizaciones afiliadoras de VIPE para entender cómo logran permanecer en Sonora, puesto que se considera que lo hacen mediante la adopción de actividades que simulan a las realizadas por otras organizaciones similares a ellas o inclusive, a algunas prácticas del Estado, con ello logran reflejar que son racionales y legítimas. Este mecanismo es identificado como Isomorfismo Institucional dentro de la teoría neoinstitucional de las organizaciones (Powell y DiMaggio, 2003; Scott, 2014; McFarland y Gómez, 2018), mismo que permite explicar cómo las organizaciones tienden a homogeneizar para lograr sobrevivir, dependiendo de la relación que tengan con el entorno social y cultural. Es así que, la pregunta de investigación que orienta el trabajo desarrollado consiste en ¿cómo se ha desarrollado el proceso constitutivo de las organizaciones afiliadoras para lograr su legitimación y cómo se han establecido frente al Estado, a otras instituciones y a partidos políticos para permanecer en Sonora? Por ende, la investigación comprende un estudio cualitativo y la metodología empleada consiste en la aplicación de entrevistas semiestructuradas en una muestra intencional de cuatro representantes de organizaciones afiliadoras, un oficial de tránsito, un integrante del sector automotriz, un servidor público dependiente de la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (CEVCE), afiliados de organizaciones y ciudadanía que cuenta con un vehículo nacional o con una opinión respecto de los VIPE. Aunado a ello, se obtuvo información de bibliografía relacionada con el tema, archivos hemerográficos, observación participante y no participante. El análisis se realiza mediante tres marcos de análisis de instituciones que se retoman de Scott (2008) y se les denomina marco regulatorio, marco normativo y marco cognitivo-cultural. El primero de ellos, consta de los procesos regulatorios que establecen reglas para delimitar el actuar a través de la ley. Es decir, se realiza un análisis del marco legal que regula lo concerniente a circulación de vehículos, la importación de vehículos usados, la constitución de asociaciones civiles y el registro de marcas. El segundo marco de análisis se denomina marco normativo, el cual indaga en los valores y normas establecidas dentro de una organización afiliadora, los cuales son utilizados para crear nuevas sedes, liderazgos, facultades y obligaciones, aunado de los requisitos y las técnicas que emplean para integrar y mantener a los afiliados. Por lo que, para conocer estos valores y normas contenido en una organización afiliadora, se realizaron entrevistas semiestructuradas a cuatro representantes de diversas organizaciones afiliadoras. El tercer y último marco de análisis, denominado cognitivo-cultural, está dividido en tres partes, la primera parte se conforma por las creencias comunes que se tienen por sentado respecto de las organizaciones afiliadoras, la omisión del pago de impuestos, la intervención del gobierno y la legalización de VIPE; para ello se entrevistó a un oficial de tránsito, un integrante del sector automotriz, afiliados en organizaciones y ciudadanos con vehículos nacionales. La segunda parte del marco cognitivo-cultural describe las opiniones de cada representante de organizaciones afiliadoras respecto de las creencias comunes descritas en la primera parte. En consecuencia, se describen las lógicas compartidas de acción, que corresponden a los medios de difusión y publicidad que realizan las organizaciones para atraer afiliados, la difusión de asociación civil y los vínculos con políticos o partidos políticos. La última parte de este marco, se compone de un análisis del isomorfismo institucional encontrado en las organizaciones afiliadoras que participaron en la investigación, el cual se compone de Isomorfismo Coercitivo, Normativo y Mimético. Estos mecanismos corresponden a la adopción de estructuras que simulan a las practicadas por otra organización; sin embargo, cada una se manifiesta de diversas maneras, dependiendo del marco institucional del que se trate. Ahora bien, la hipótesis que se establece para el desarrollo de la investigación consiste en que la posibilidad de que las organizaciones afiliadoras permanezcan en el tiempo y se legitimen, se debe a que realizan funciones isomorfas al Estado y a otras organizaciones similares al otorgar un registro y “emplacamiento” vehicular. Considerando lo anterior, los objetivos generales de la investigación están orientados a analizar el proceso constitutivo utilizado por las organizaciones afiliadoras para legitimarse en Sonora y la descripción de las estrategias que éstas utilizan para tener permanencia frente al Estado, a otras instituciones y a partidos políticos. Los hallazgos más importantes de la investigación consisten en indicios de isomorfismo institucional entre las organizaciones afiliadoras, el cual se manifiesta conforme a los tres cambios institucionales isomorfos. Primeramente, el isomorfismo coercitivo se da en la adaptación de estructuras que tienen a ser similares entre sí, donde estas agrupaciones se adecuan a las disposiciones establecidas por el Estado, por lo que para poder establecerse necesitan configurarse como asociaciones civiles o marcas registradas, lo cual sucede entre las organizaciones afiliadoras. Con ello, logran mostrar a la sociedad que son legítimas y les permite continuar ejerciendo sus labores; ello se corrobora con las afirmaciones hechas por los representantes de organizaciones afiliadoras, quienes expresaron ser asociaciones civiles debidamente registradas y constituidas, aunado de los resultados en bases de datos del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (ICRESON) y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Los resultados indican una organización afiliadora registrada como asociación civil, dos organizaciones inscritas como marcas registradas y una organización, sin registro de asociación civil o marca. Por otra parte, las prácticas internas que tienen las organizaciones afiliadoras para integrar nuevos miembros, el establecimiento de módulos de atención en zonas estratégicas y la profesionalización en su estructura, demuestra indicios de isomorfismo normativo en las organizaciones afiliadoras estudiadas. En tercer lugar, el punto más interesante de las organizaciones afiliadoras es la presencia de isomorfismo mimético, el cual consiste en la imitación de estructuras y acciones de una organización modelo. Dicho procedimiento ocurre al tener representantes que anteriormente estuvieron inmersos en una organización. Los resultados indican que los representantes de dichas organizaciones previo establecimiento de su organización, estuvieron relacionados con ONAPPAFA y/o con organizaciones pioneras establecidas durante los inicios de esta problemática. Para finalizar, la investigación describe el contexto que envuelve a las organizaciones afiliadoras y permite tener una mirada hacia el interior de ellas, puesto que hay muy poca información al respecto y la existente se concentra en los VIPE desde diferentes perspectivas. Se considera que el presente trabajo de investigación genera un aporte novedoso en este sentido.
Los mecanismos del consenso en las políticas públicas: una exploración desde la economía institucional para un contexto democrático.
(El Colegio de Sonora, 2008-02-13) Fernandez De Castro Santos, Francisco Javier, sustentante; FERNANDEZ DE CASTRO SANTOS, FRANCISCO JAVIER; 171513; CONTRERAS MONTELLANO, OSCAR FERNANDO;D 10460; PINEDA PABLOS, NICOLAS; 11876; VELAZQUEZ GARCIA, MARIO ALBERTO; 123474
Mercado del suelo sin regulación, un incentivo para la especulación en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
(El Colegio de Sonora, 2020-11-17) Puebla, Corella, Luis Fernando, sustentante; PUEBLA CORELLA, LUIS FERNANDO; 892168; NAVARRO NAVARRO, LUIS ALAN;D 94377; PINEDA PABLOS, NICOLAS; 11876; RAMIREZ VELAZQUEZ, BLANCA REBECA; 15716
Todo asentamiento humano tiene como un factor común la ocupación de un espacio físico. Este emplazamiento se desarrolla sobre el suelo que, en una economía capitalista, se reconoce como una fuente de ganancias dentro de un mercado muy particular. El suelo, considerado una mercancía, posee características que impiden un funcionamiento de competencia perfecta, es decir, donde la oferta y la demanda determinan el precio. Su naturaleza irreproducible, inamovible e inelástica distorsiona las relaciones de mercado presentes entre una oferta escasa y monopolizable y una demanda creciente por su condición imprescindible para la vida, la producción, circulación y consumo de bienes. Sobre este mercado sui generis se desenvuelve la ciudad. Los graves conflictos sociales, ineficiencias e inequidades que favorecen a quien ostenta la poca oferta de suelo en detrimento de quienes buscan acceder a éste, pueden enmendarse a partir de la intervención del Estado (Pivo, 1984). Sin embargo, en México, pocos han sido los esfuerzos fructíferos frente a la privatización de los beneficios de la ciudad. Este escenario motivó el desarrollo de esta tesis de investigación, cuyo principal objetivo es determinar el funcionamiento y la estructura de precios del suelo en la ciudad de Hermosillo, al noroeste de México, así como visibilizar la presencia de actividad especulativa como corolario de un mercado no regulado. El foco de este proyecto se avoca en la inversión pública que favorece el valor de los predios privados sin existir la aplicación de un instrumento eficiente que impida o limite este lucro derivado del esfuerzo social. La metodología usada integró técnicas de recolección de datos mixtas a partir de revisiones documentales, la conformación de un Sistema de Información Geográfica (SIG), el análisis de datos catastrales, un muestreo de valores comerciales del suelo y entrevistas semiestructuradas. Los resultados demuestran situaciones que desembocan en altos costos sociales relacionados con la especulación inmobiliaria, así como debilidades institucionales que abonan a la permanencia de esta actividad. Destacan el rápido encarecimiento del suelo periférico que, por un lado, limita el asentamiento de los sectores más vulnerables de la población y, por el otro, consolida la inversión en tierra como una fuente de ganancias de bajo riesgo. Derivado de esto, se reconoce un consecuente aumento en la actividad especulativa que, además de inducir una ciudad distendida y a saltos, implica un encarecimiento importante de los servicios urbanos, entrando en un ciclo que deteriora las finanzas municipales y garantiza la reproducción de los terrenos ociosos en constante valorización. En particular, algunos hallazgos importantes de la investigación fueron los intensos aumentos de valor del suelo, superiores al 300% anual, relacionados con la concentración de infraestructura en espacios específicos de la ciudad, así como la lenta ocupación que han presentado; las fuertes disparidades entre los valores comerciales y catastrales, donde los últimos representan el 40% del valor de los primeros, demostrando un importante potencial de recaudación e incentivo para la ocupación hasta ahora desaprovechado; la continua apertura de tierra urbanizable que aumenta la oferta de suelo sin implicar un decremento de sus precios; las inconsistencias en el discurso político plasmado en los planes y programas de desarrollo municipal y urbano, donde las anotaciones más relevantes se encuentran en la flexibilidad de los límites de crecimiento de la ciudad, la reubicación virtual de equipamientos a espacios más alejados del continuo urbano que conllevan a justificar nueva tierra urbanizable, la preventa de lotes en espacios aun no reconocidos como urbanizables por el Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad y la deformación de instrumentos de gestión del suelo con fines sociales como los Polígonos de Actuación Concertada, utilizados para excusar el desarrollo de vivienda para sectores de ingresos medios y altos. Se concluye que los aspectos mencionados recaen en un escenario favorable para la propagación de la actividad especulativa. La inversión pública sobre un mercado del suelo no regulado resulta en un aumento de los precios del suelo que, a partir de la especulación, reserva su ocupación a la población de mayores ingresos, creando así una pérdida en el alcance de los beneficios de la ciudad impuesta en una escasez artificial del suelo.
El mito de la gestión descentralizada del agua en México.
(El Colegio de Sonora, 2007-03-14) Sánchez Meza, Juan Jaime, sustentante; Moreno Vázquez, José Luis, director; Aragón Salcido, María Inés, sinodal; Pineda Pablos, Nicolás, sinodal
El modelo de gestión de los organismos operadores de agua en México: un análisis del marco normativo.
(El Colegio de Sonora, 2020-12) Silva Arias, Atenas Alejandra, sustentante; SALAZAR ADAMS, JESUS ALEJANDRO;D 40399; PINEDA PABLOS, NICOLAS; 11876; LOERA BURNES, EDMUNDO; 46699
El término ‘organismo operador de agua’ hace referencia al ente, público o privado, que presta el servicio de agua potable -incluido el alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a la población en un territorio determinado. El proceso de evolución de los organismos operadores, desde su centralización hasta la descentralización actual o “municipalización”, se ha dado a través de una serie de reformas constitucionales al artículo 115, que enmarca, de manera general, aspectos de competencia en la prestación del servicio. La figura de los organismos operadores de agua en México se comienza a gestar en el año 1917 con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; no se establece de manera expresa, sino que, a partir de entonces, los recursos hídricos se estipularon como propiedad originaria de la nación y, al Estado, como su rector. Desde aquel momento, el marco constitucional fue evolucionando; desde un sistema centralizado, manejado exclusivamente por la autoridad federal, seguido de un primer proceso de descentralización con las reformas constitucionales al artículo 115 del 03 de febrero de 1983, para culminar en la municipalización del servicio con las reformas posteriores del 23 de diciembre de 1999. La descentralización, como política pública, fue impulsada por el gobierno federal a principios de los años ochenta, en un contexto en el que se encontraba rebasado para poder prestar los servicios de agua potable, no solo desde el punto de vista operativo, sino además desde el aspecto financiero. Adicionalmente, existían presiones internacionales a través de Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que le dieron el impulso necesario para la puesta en marcha de lo que se denominó la “Descentralización de la vida Nacional” (DOF, 1983). Las reformas constitucionales al artículo 115, aún y cuando estipulan de manera expresa que corresponde a los municipios la prestación de los servicios de agua potable, han ocasionado que las legislaturas de las entidades administrativas y los propios municipios actúen con cierto nivel de discrecionalidad en lo que hace a sus arreglos institucionales, ya que nuestra Carta Magna no establece mayor límite que los competenciales. En ese vacío, la incipiente Comisión Nacional del Agua emitió en el año de 1989 los Lineamientos para el Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, estableciendo una serie de criterios o aspectos comunes que deberían tener los organismos operadores del país como parte de la política descentralizadora del gobierno federal: 1) descentralización; 2) autonomía tarifaria; 3) suspensión o limitación del servicio para usuarios morosos; y 4) reinversión en el mejoramiento del servicio. Con esto se pretendía instar a los congresos locales a realizar adecuaciones a sus marcos normativos para ajustarse a lo que planeaban dichos lineamientos. Para entender mejor el proceso de evolución del marco normativo de los sistemas de agua en México, es necesario establecer qué es la descentralización y qué elementos implica, así como las distintas formas o niveles en los que se puede presentar. Una vez establecidos tales parámetros, se identificará cómo se desarrolló ese proceso en cada una de las reformas constitucionales al artículo 115 y cómo sucedió en el ámbito local. Esta conceptualización se realizará acorde a lo que establece Rondinelli (1981, 1983 y 1989) ya que, conforme a sus planteamientos, uno de los problemas que presentan los países en desarrollo en la implementación de la descentralización, es de índole conceptual.
La participación ciudadana en Hermosillo: el caso “Hermosillo ¿Cómo Vamos?” en la agenda ciudadana de políticas públicas.
(El Colegio de Sonora, 2020-12-21) Rodríguez González, Rocío del Carmen, sustentante; Rodríguez González, Rocío del Carmen;*CA1354660; PEÑA MANCILLAS, VICTOR SAMUEL;D 234605; PINEDA PABLOS, NICOLAS; 11876; Rodríguez Obregón, José Arturo; 86497
“Hermosillo ¿Cómo Vamos?” es una organización de la sociedad civil que impulsa la participación ciudadana en el ámbito local por medio de su diseño institucional compuesto por tres ejes: 1) información, 2) articulación y 3) propuesta. Así mismo, se vale de metodologías que buscan facilitar una participación ciudadana autónoma y el empoderamiento de la ciudadanía. En este trabajo de investigación se enuncian, analizan y relacionan los elementos presentes tanto en el diseño institucional como en las metodologías aplicadas, los actores sociales y gubernamentales y, cómo estos favorecen el proceso de incidencia en política pública local a través de un instrumento denominado “Agenda Ciudadana de Políticas Públicas de HCV”.
¿Qué sucede cuando las políticas públicas fallan y los líderes políticos no lo aceptan?: construcción y explotación de la crisis del incendio en la Guardería ABC en el contexto electoral del 2009 en Sonora
(El Colegio de Sonora, 2016-01-11) Sandoval Meneses, Lizette Georgina, sustentante; SANDOVAL MENESES, LIZETTE GEORGINA; 588639; SALAZAR ADAMS, JESUS ALEJANDRO; 40399; PINEDA PABLOS, NICOLAS; 11876; ACEVES GONZALEZ, FRANCISCO DE JESUS; 13947
La presente tesis tiene por objeto de investigación examinar la manera en la que los actores e instituciones implicadas en el incendio de la Guardería ABC, una estancia infantil subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social, ocurrido en el Estado de Sonora en 2009, confeccionaron su versión del evento en aras de escapar de la culpa, o tras la persecución de objetivos específicos. Estudia la respuesta que los líderes políticos dieron a la crisis en cuanto a las causas, la atribución de responsabilidades y las propuestas respecto a las modificaciones en las leyes. Constituye un estudio inscrito en los campos del manejo de crisis, la comunicación política, el liderazgo y las políticas públicas. A la fecha, existe poca literatura especializada en el manejo de las crisis por parte de los líderes políticos, lo que lo convierte en un objeto de estudio de gran interés, pues particularmente en México, son muy pocos los trabajos que han abordado este tema. Respecto a la teoría utilizada en la investigación es un teoría relativamente nueva, desarrollada en el 2006 por los australianos Arjen Boin, Paul T’Hart y Alan McConell; no se encontraron trabajos en español. Para llevar a cabo el análisis se utilizó la teoría de la explotación de la crisis, que supone que posteriormente a un evento inesperado, los diferentes grupos políticos que comparten el poder se aliarán en coaliciones e intentarán dar explicación y sentido a la crisis a través la construcción de distintas versiones o “marcos”. Las crisis se pueden “enmarcar” y construir con diferentes adjetivos dependiendo de los objetivos de los grupos. Cada grupo luchará porque su versión de la crisis, sea la aceptada. Esta lucha de marcos influirá sobre dos aspectos: la aceptación de la culpa, donde cada actor implicado en la responsabilidad decidirá si acepta la culpa, la niega o ataca al adversario, y sobre el grado de cambio en las políticas públicas, donde los grupos buscaran cambios o mantener el statu quo. Para la aplicación de esta teoría se utilizaron dos métodos, el análisis de contenido y el análisis de la argumentación del discurso mediante el Diagrama de Toulmin. Primero se seleccionaron los actores políticos a estudiar, después se agruparon en coaliciones. Para estudiar su discurso y establecer las diferentes versiones de la crisis se analizaron tres medios de comunicación, conferencias de prensa y boletines oficiales. Para poder analizar la veracidad de la argumentación de las versiones, se estudiaron documentos legales relacionados con la Guardería ABC, con la bodega de la Secretaría de Hacienda, peritajes y declaraciones ministeriales, así como leyes y normatividades del IMSS y Protección Civil Estatal y Municipal. El núcleo de la investigación fue constituido por las versiones que los actores políticos utilizaron para construir y enmarcar la crisis de la Guardería ABC. La construcción de las diferentes versiones de la crisis sucedió en un contexto electoral altamente competitivo, donde líderes políticos pertenecientes a los principales partidos en contienda (PRI, PAN) resultaron implicados en la responsabilidad de la tragedia. Mediante el análisis se pudo comprobar que actores de ambas coaliciones incurrieron en la explotación de la crisis tras diferentes objetivos, pero curiosamente ambas coaliciones optaron en no pronunciarse por cambios significativos en las leyes y políticas públicas, y por apoyarse en el mantenimiento del Statu Quo. Los hallazgos más destacables son que dentro de un contexto electoral, la crisis se explotó enmascarando las fallas de la política de subrogación de guarderías y de los sistemas de Protección Civil Estatal y Municipal. Las instituciones involucradas en la responsabilidad, que fueron principalmente IMSS y el Gobierno del Estado de Sonora, intentaron deslindarse de la culpa a toda costa, lo que incidió en el aprendizaje de la crisis y el grado de cambio en las políticas públicas.
Transformación productiva del Ejido La Manga, en la ciudad de Hermosillo, México, 1992-2007: el caso de la tierra y el agua.
(El Colegio de Sonora, 2009-12-08) Martinez Peralta, Claudia Maria, sustentante; MARTINEZ PERALTA, CLAUDIA MARIA; 217302; MORENO VAZQUEZ, JOSE LUIS;D 80244; PINEDA PABLOS, NICOLAS; 11876; Velázquez Contreras, Lorenia; 36321

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