Browsing by Author "Salazar Adams, Jesús Alejandro, director"
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Item Especificación de alternativas en la formación de la agenda para la remediación del Río Sonora por el derrame de lixiviados de cobre.(El Colegio de Sonora, 2021-05-04) Haro Velarde, Noemi, sustentante; HARO VELARDE, NOEMI; 345191; SALAZAR ADAMS, JESUS ALEJANDRO;D 40399; Moreno Vázquez, José Luis;#0000-0001-8770-434X; SAINZ SANTAMARIA, JOSE JAIME; 223292Item Estudio de dos modelos de gestión del agua potable en México: los casos de Hermosillo, Sonora y Saltillo, Coahuila.(El Colegio de Sonora, 2012-06-06) Haro Velarde, Noemi, sustentante; HARO VELARDE, NOEMI; 345191; SALAZAR ADAMS, JESUS ALEJANDRO;D 40399; PINEDA PABLOS, NICOLAS; 11876; MORENO VAZQUEZ, JOSE LUIS; 80244En el año de 1983 se inicia un proceso de descentralización del agua hacia los municipios, se transfiere responsabilidad de la gestión de los servicios urbanos, incluidos el agua. No obstante es hasta la década de los noventa que se concreta en medidas de política con dos implicaciones, la primera, la construcción de un nuevo marco regulatorio y segunda, la creación de nuevas instituciones federales, estatales y municipales. Entre las instituciones creadas se puede destacar a la Comisión Nacional del Agua (CNA) encargada de supervisar la política nacional. A nivel local se identifican a las diversas Comisiones Estatales de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, así como organismos operadores a nivel municipal quienes serán las responsables de la provisión del servicio a nivel local. Sin embargo, pese a las reformas institucionales implementadas, se observa la prevalencia de problemas de abastecimiento a las zonas urbanas, y de eficiencia en los sistemas de agua potable, donde la demanda excede a la capacidad de extracción, que resulta ser muy costosa. En 1992 la liberación de los mercados de tierra y agua con la Reforma al Artículo 27 constitucional y en el mismo año, la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales como reglamentaria del Artículo 27 sostiene como objetivos fundamentales de la administración del agua: “la mayor participación de los usuarios y la participación privada en el financiamiento, construcción y operación, la seguridad jurídica de los aprovechamientos y el desarrollo integral sustentable del agua, sus bienes y servicios”. Esta legislación representa un cambio central ya que señala que el sector público se puede complementar con la participación e inversión privada con el financiamiento, construcción y operación de infraestructura. En este nuevo esquema de gestión el agua continúa siendo un bien de dominio público, sin embargo, se avanza abriendo espacios de participación para los usuarios y la iniciativa privada. En este contexto, se plantea el análisis comparativo de dos modelos de gestión, el de Hermosillo Sonora y el de Saltillo Coahuila en el periodo 2001-2010. En los años 2001 y 2002 respectivamente, los organismos Agua de Hermosillo y Aguas de Saltillo se descentralizan, el primero de ellos, pasa de manos del Estado a manos del municipio la responsabilidad y operatividad del sistema. En el caso de Aguas de Saltillo, el gobierno municipal toma la determinación de implementar un esquema mixto público – privado de administración a través de la incorporación de la participación privada. En el caso de Aguas de Hermosillo, en 2000 estaba constituido como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, COAPAES, el cual contaba con una cobertura de agua potable de 95% y de alcantarillado del 87%. El consumo por habitante por día oscilaba en los 260 l/s, con una dotación de 340 l/s. El sistema contaba con una eficiencia global de 45%, con una eficiencia en el cobro del servicio de 58% y la eficiencia física de 56%, es decir, se perdía el 22% del agua introducida en la red. La macromedición del sistema tenía una cobertura cerca al 50%, y una micromedición que oscilaba alrededor del 60%. El abastecimiento de agua para usuarios públicos como escuelas, el riego de parques y dependencias de gobierno estaba exento de pago. La estructura de tarifa era muy simple, constituida por seis rangos de consumo tanto para usuarios domésticos, industriales, comerciales y de servicios. En el año 2002, COAPAES desaparece y se constituye Agua de Hermosillo (AGUAH) como un organismo descentralizado de la administración municipal. En lo que respecta a la ciudad de Saltillo, la operación del sistema de agua estaba antes de su semi-privatización en octubre del 2001 a cargo de SIMAS-Saltillo, organismo público descentralizado de la administración pública municipal, creado en 1997. Durante los quince años anteriores, había estado bajo la administración de un organismo estatal, Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila (SAPAC), el cual cambió su nombre en 1994 a Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Coahuila (CEAS). Las perdidas físicas y comerciales eran importantes, resultaban en una eficiencia física menor al 45%, aunado a esta situación, de cada 100 litros extraídos se lograban facturar menos de 50 litros. Otro problema era la exención de pago de ciertos grupos, usuarios públicos como escuelas, parques y dependencias de gobierno, adicionalmente, se condonaba el 50% del pago por el servicio a los trabajadores del SIMAS. Uno de los problemas que se tenían que enfrentar era la disminución de la disponibilidad de agua ya que la mitad de las fuentes de abastecimiento se encontraban fuera de servicio, la obsolescencia y mal mantenimiento de la red provocaban pérdidas de aproximadamente 30% del agua en el sistema. Aunado a esta situación se tenía una deficiente facturación y cobranza que reduce la rentabilidad del organismo. Adicionalmente a estos problemas de infraestructura física, la estructura tarifaria era compleja y poco práctica para el usuario al manejar tantos rangos de consumo como tarifas diferentes. Sólo el 10% de la población tenía abastecimiento diario, el restante 90% lo recibía de tres a cuatro días por semana, lo que provocaba una inconformidad generalizada con el organismo operador. A finales de los años noventas, SIMAS tuvo una cobertura del 95% de la población pero sólo 55% de los usuarios contaban con medidor y dadas las persistencias en la ineficiencia operativa en 2001 las autoridades estatales y municipales decidieron formar una empresa con participación privada y pública de acuerdo con la Ley para los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Coahuila, aprobada en 1992 y modificada en 2001.La problemática que giraba en torno del área operativa, comercial y de producción se agravaba por la difícil situación de las fuentes de abastecimiento que en las condiciones de ineficiencia en que se encontraban operando, el organismo sólo podía ofrecer el servicio continuo al 10% de la población la cual experimentaba un escenario de crecimiento y desarrollo urbano. La empresa paramunicipal Agua de Saltillo surge en 2001 como una solución a las deficiencias administrativas, comercial y operativas del organismo operador. A partir de 2001 la administración del agua en Saltillo se da mediante un esquema mixto de participación privada convenida por un periodo de 25 años, a través de la constitución de una empresa paramunicipal bajo la forma de sociedad anónima de capital variable, donde el Municipio de Saltillo cuenta con el 51% del capital social de la empresa y el Grupo Aguas de Barcelona el 49% restante. Desde su inicio ha sido un esquema de participación novedoso en México, pero por consenso el gobierno municipal determinó que era la única opción viable para resolver los problemas que persistían en el sistema de suministro de agua ante los retos que planteaban el deterioro de las fuentes de abastecimiento y el crecimiento urbano de la ciudad. El gobierno municipal planeó y preparó al organismo operador con inversiones para mejorar las condiciones de infraestructura prevalecientes hasta ese momento. Han transcurrido cerca de 10 años de ambos procesos de descentralización. En este documento se evalúa el comportamiento de los modelos de gestión de Agua de Hermosillo y Aguas de Saltillo en el periodo 2003-2010 y de los resultados obtenidos en dicho periodo resultado de las practicas administrativa, técnicas y operativas, el objetivo es determinar, ¿cuáles son las características del modelo de gestión que ha resultado ser más exitoso en la gestión del agua y ha logrado obtener los resultados más eficientes? Para evaluar el proceso de gestión en el periodo 2003-2010 se seleccionaron un conjunto de indicadores administrativos, operativos, comerciales y financieros, que reflejan los resultados obtenidos de cada esquema de gestión. Entre los indicadores se encuentran: antecedentes de la administración, análisis de la estructura actual administrativa, aspectos de la geografía física, (como ubicación, clima, relieve y precipitación) y comportamiento de la población, cobertura, tipos de usuarios, número de tomas, dotación y consumo, micromedición y macromedición, eficiencia física, comercial y global, y pérdidas por longitud de red. Algunos de los aspectos que comprende la revisión son las fuentes de abastecimiento, volumen suministrado por captación, los sistemas de saneamiento, tandeos y finalmente, aspectos financieros y de estructura de tarifas. Debido a la disponibilidad de datos, la mayoría de los indicadores se encuentran disponibles en el periodo 2003-2010, excepto el indicador de tarifas, el cual se realiza únicamente para el año 2010, último año de análisis, con el objetivo de mostrar la estructura de los rangos y la tarifa vigente. La fuentes consultadas son las publicaciones emitidas por cada organismo operador, en el caso de Aguas de Saltillo, las memorias anuales que se publican a partir de 2003 y en Agua de Hermosillo se revisó la publicación del documento indicadores de gestión que agrupa varios indicadores en el periodo 2005-2009. Una fuente de información sumamente importante para el análisis de los indicadores de gestión, son los indicadores publicados por el Programa de Indicadores de Organismos Operadores (PIGOO) publicados por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. El comportamiento de los principales indicadores de gestión en cada organismo operador se presentan en el capítulo II y el capítulo III en donde se hace una revisión individual y detallada con el objetivo de mostrar la tendencia del indicadores en el periodo de tiempo estudiado y posteriormente contrastar los resultados más sobresalientes de cada organismo operador que se realiza en el capítulo IV donde se construye el comparativo de los principales indicadores. Entre los principales resultados de la revisión se observa que Aguas de Saltillo, organismo mixto de participación pública privada a partir de 2001, ha implementado un enfoque de gestión más de tipo empresarial y estratégico basado en objetivos de eficiencia la utilización de los recursos en todas las áreas de operación. Para la administración y vigilancia la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo, se formó un Consejo de Accionistas y Administración que determina y vigila las principales decisiones e inversiones de la empresa. El Consejo de administración está conformado por nueve consejeros y sus respectivos suplentes tanto del sector público como del sector privado cuyos nombramientos se determinan en la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Entre los integrantes del Consejo de Administración se encuentra el presidente municipal del R. Ayuntamiento de Saltillo, quien fungirá como presidente del Consejo de Administración, un representante del gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza y tres serán miembros de la Sociedad Civil de Saltillo. Cuatro consejeros propietarios y sus respectivos suplentes serán electos o propuestos para ser aprobados ante la asamblea por los accionistas tenedores de acciones. La vigilancia de AGSAL se encomienda actualmente a un comisario. En la conformación del contrato de asociación AGSAL se acuerda que el objetivo general de esa empresa será: “proporcionar los servicios de agua potable y alcantarillado a los núcleos de población, fraccionamientos y privadas, asentadas en el municipio de Saltillo, Coahuila, en los términos previstos por la legislación vigente y en los convenios y contratos para tal efecto”. El contrato no incluye drenaje pluvial. En el contrato también se acuerda que la asamblea de accionistas será el órgano supremo de la empresa. Este modelo de empresa que integra a la participación privada cuenta con las siguientes ventajas: a) el socio público mantiene el control de la compañía, el socio público mantiene la titularidad de los activos, b) en general, se generan ventajas asociadas a las formas de gestión privada, c) normalmente una compañía con esta distribución tendrá más posibilidades de captar recursos financieros, ofreciendo la garantía de un socio privado adecuado, con una sólida solvencia d gestión y financiera, d) suelen ser empresas menos condicionadas por decisiones de tipo político e) con una compañía bien gestionada, se puede aprovechar la generación de recursos económicos (cash-flow) para financiar parte del plan de inversiones necesarias en el municipio (garantías adecuadas) Es un modelo de gestión que se encuentra en constante evaluación y mejora continua, en este proceso se revisa si se han generado las mejoras que se asumieron en el contrato de asociación reconocido por la parte privada, adicionalmente, se utilizan indicadores operativos y de la percepción por parte de los usuarios sobre el desempeño de Aguas de Saltillo. La administración del organismo realiza la publicación de las memorias anuales como mecanismo de difusión de la situación actual del organismo operador y de los avances alcanzados anualmente, este aspecto facilita el acceso público a la información. La gestión llevada acabo en Aguas de Saltillo ha propiciado resultados favorables en los distintos indicadores de eficiencia, operativos, técnicos y comerciales observados en el periodo 2003-2010. Aguas de Saltillo se perfila para convertirse en un patrón gestión exitosa a nivel nacional, con procesos certificados por el ISO9001:2001. Agua de Hermosillo fue creada en enero de 2002 como un organismo público descentralizado de la administración municipal. Está regido por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo (ciudadano), un Director General y un Comisario, cuyos puestos duran 3 años al estar sujetos al cambio de administración municipalAdministrativamente, “la visión de la empresa pública, es ser un organismo competitivo y eficaz en el mediano plazo, contando con las fuentes de abastecimiento, infraestructura y el ordenamiento necesario y suficientes para satisfacer con oportunidad y calidad las demandas de los usuarios” (Manual de organización 2007) aprobado por unanimidad el día 29 de octubre de 2007. El objetivo es proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad al 100% de los usuarios, mediante un organismo autosuficiente que respalde el desarrollo integral y sustentable del municipio, promoviendo una nueva cultura del uso y pago del agua. El organismo Agua de Hermosillo para su administración y funcionamiento, contará con: una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo, un Director General y un Comisario. La Junta de Gobierno se integra de la siguiente forma: el Presidente Municipal que la presidirá, un representante de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, un representante del Gobierno del Estado, un representante de la Comisión Nacional del Agua, a quien invitará a participar en la Junta, el presidente del Consejo Consultivo del Organismo, el síndico municipal, el tesorero municipal, el Director General del Desarrollo Urbano y Obras Públicas o su equivalente, el vicepresidente del Consejo Consultivo, finalmente, el Contralor Municipal, sin ser miembro de la Junta, asistirá a las sesiones con voz,pero sin voto. La Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo durarán en su encargo tres años, coincidentes con el período de gobierno del H. Ayuntamiento de Hermosillo. La Junta de Gobierno, es el órgano superior del organismo, para el cumplimiento de los objetivos de la Paramunicipal, tendrá las más amplias facultades de dominio, administración y representación que requieran de poder o Cláusula Especial. Agua de Hermosillo opera con un esquema de administración pública descentralizada entorno a una política de oferta, se observan avances encaminados a mejorar las condiciones de la operación, sin embargo, han sido insuficientes y han resultado en indicadores de eficiencia que apenas si han mostrado crecimiento en el periodo 2003-2010, con serias deficiencias en las áreas administrativas, operativas, técnicas y comerciales. El Organismo Operador contará con un Consejo Consultivo el que se integrará con un mínimo de cinco y un máximo de quince miembros designados por el H. Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, tomando en cuenta a las organizaciones representativas de los sectores social y privado y de los usuarios. El Director General será designado por la Junta de Gobierno, a propuesta del presidente del órgano superior de gobierno del Organismo. Compete al Ayuntamiento, por conducto de Contraloría Municipal, designar al comisario del Organismo Operador quien principalmente tiene la función Vigilar que la administración de los recursos se haga de acuerdo con lo que disponga la ley, los programas y presupuestos aprobados, solicitando al Director General una información mensual que incluya por lo menos el estado de la situación financiera y el de resultados. La gestión del agua en Hermosillo ha seguido un esquema centralizado y público que se observa de manera generalizada en el país. Este modelo privilegia el impulso de la oferta de los recursos hídricos mediante la construcción de grandes obras de infraestructura hidráulica –presas, acueductos- para dotar a una población en constante crecimiento y cada vez más urbanizada que demandaba servicios públicos, sin considerar los impactos ambientales provocados por el desarrollo de la infraestructura. Esta situación se observa en las diversas obras emergentes que el organismo emprende anualmente con el objetivo de asegurar el suministro cada verano. Los resultados de la gestión no han mostrado resultados positivos en los indicadores de eficiencia operativa, técnica, comercial que se han observado en el periodo 2003-2010 respecto a la situación que prevalecía en 2001 previo a la descentralización. En el caso de la eficiencia global permaneció casi constante en el tiempo, la diferencia entre los ingresos y costos del servicio han sido deficitarios, aunado a elevados niveles de endeudamiento del organismo y de tarifas crecientes en el tiempo. En general, Agua de Hermosillo es un organismo cuyo servicio es caro e ineficiente en la producción, distribución y cobro del servicio.Item La inaceptabilidad política de la obra estatal del Acueducto Independencia en Sonora (2010-2013)(El Colegio de Sonora, 2014-06-06) Montoya Castillo, Adilene, sustentante; MONTOYA CASTILLO, ADILENE; 443749; MORENO VAZQUEZ, JOSE LUIS; 80244; SALAZAR ADAMS, JESUS ALEJANDRO;D 40399; PINEDA PABLOS, NICOLAS; 11876En febrero del año 2010, el Gobierno del Estado presentó públicamente el programa “Sonora SI” con la finalidad de solucionar los problemas de agua de la entidad. Partió de la premisa de que la causa del problema era la distribución del recurso del agua y sus desperdicios, por lo que planteó como propósito su recuperación y redistribución. Para el problema de abastecimiento de agua de la ciudad de Hermosillo, en dicho programa se contempló la obra “Acueducto Independencia” (AI). El AI es una obra hidráulica que consiste en trasvasar agua desde la presa Plutarco Elías Calles “El Novillo” (ubicada en la cuenca hidrológica del río Yaqui) hacia la ciudad de Hermosillo (localizada en la cuenca del río Sonora), o sea, en un trasvase de agua entre cuencas hidrológicas. El supuesto de esta obra es que existe disponibilidad de agua en la cuenca de origen y que con el trasvase se solucionará el problema “de una vez y para siempre”. Pero la obra ha sido rechazada por un conjunto de actores y grupos del Valle del Yaqui. Ambas partes (pro y contra el AI) han expuesto sus posturas mediante argumentos de tipo técnico, legal, económico, político y social. El problema a estudiar entonces es que se está frente a un caso de conflicto por el agua, donde la demanda consiste en la oposición a una obra hidráulica promovida por el gobierno del Estado. En otras palabras, se tiene una política pública en la que su obra clave ha mantenido un estatus de inaceptabilidad durante más de 4 años, principalmente por actores del Valle del Yaqui que se dicen perjudicados por aquélla. Tal oposición ha sido manifestada en cada etapa de la obra. Primero, los opositores pretendieron evitar que se optara por el AI como la alternativa de solución y en su lugar propusieron otras opciones como: mejorar la administración de la cuenca del río Sonora, construir una desaladora y reconsiderar el Plan Hidráulico del Noroeste (PLHINO). Al no tener éxito en esa etapa, buscaron detenerla en las subsecuentes, principalmente por medios legales, y pese a algunas resoluciones judiciales que ordenaban la suspensión de la obra en tanto se resolvían algunos juicios, no pudieron lograrlo. La oposición también se manifestó a través de actividades que caracterizan a un movimiento social, tales como: marchas, manifestaciones públicas, bloqueos carreteros, desplegados en presa escrita, etc. Actualmente la obra se encuentra en operación y el grupo opositor continúa pronunciándose para que deje de hacerlo definitivamente. Ante este problema se ha propuesto la siguiente hipótesis: la obra AI ha mantenido un estatus de inaceptabilidad política porque es producto de una decisión que en primer lugar se tomó dentro de una estructura donde el nivel de participación es limitado, y en segundo porque por esa misma razón, las partes carecieron de los medios necesarios para llevar a cabo un debate formal del asunto. Por lo que, en su defecto la argumentación tuvo lugar en medios informales con el propósito de persuadir al público no informado mediante argumentos predominantemente falaces. Para probar la anterior hipótesis, esta investigación se planteó el objetivo general de explicar el estatus de inaceptabilidad política que ha tenido la obra AI durante el periodo 2010-2013. Con el apoyo de tres objetivos específicos: 1) conocer a profundidad a la coalición opositora a la obra; 2) determinar el nivel de participación en la política que tienen los actores opositores, y 3) evaluar la argumentación de ambas partes. La problemática expuesta se trata de un caso de conflicto social que es objeto de estudio de las ciencias sociales, particularmente desde la visión de la teoría y análisis de los asuntos públicos, puesto que dicho conflicto surge alrededor de una obra que forma parte de la nueva política pública hídrica del Estado. Por ello esta investigación se basó en un marco teórico conceptual, como el Marco de las Coaliciones Promotoras y el desarrollo de los conceptos: política pública, inaceptabilidad política, participación ciudadana y razón dialógica. La metodología de la investigación fue de tipo cualitativa. Se realizaron un total de 17 entrevistas abiertas de tipo semi-estructuradas a los integrantes de la coalición opositora al AI. La muestra fue de tipo justificada porque se basó en el criterio de relevancia del actor, o sea, se entrevistó a los representantes de cada sector o grupo opositor. Posteriormente con la información obtenida se desarrollaron algunos elementos del Marco de las Coaliciones Promotoras, puesto que se realizó un análisis del sistema de creencias de los actores y grupos que conforman la coalición, así como una descripción de sus recursos y estrategias. Asimismo, se consultó aproximadamente un total de 536 desplegados periodísticos relacionados con el tema, publicados en los periódicos El Imparcial y Tribuna, por ser los de mayor circulación en la región del estudio. Se tomaron como muestra aquellos que fueron suscritos por los principales actores de ambas coaliciones (promotora y opositora) y se realizó un análisis de su contenido a través de un análisis de la argumentación para verificar si sus posturas tenían justificación. La tesis se desarrolló en seis capítulos. El “Capítulo I. El problema de abastecimiento de agua en Hermosillo y el problema de sus alternativas de solución”, contiene los antecedentes más importantes del caso de estudio. En el “Capítulo II. La óptica del problema y el camino hacia la información”, se expone el marco teórico-conceptual y la metodología de la investigación. El “Capítulo III. El Acueducto Independencia en el tiempo y en el espacio”, tiene la finalidad de presentar el marco contextual del presente trabajo de tesis. En el “Capítulo IV. La participación ciudadana y la inaceptabilidad política de la obra Acueducto Independencia”, se conoce a profundidad a la coalición opositora a través de un análisis del sistema de creencias de los actores y grupos que la conforman, así como con la descripción de sus recursos y estrategias implementadas. Asimismo, se identifica el nivel de participación que tuvieron en la política pública en cuestión. Con el “Capítulo V. La razón dialógica como explicación de la inaceptabilidad política”, se analiza la argumentación de ambas partes y se determina si ésta justificó sus posturas. En el “Capítulo VI. Reflexiones finales” se contestan puntualmente las preguntas de investigación y se verifica la hipótesis. Finalmente, se proporcionan las conclusiones de la presente tesis, así como algunas recomendaciones para futuras investigaciones. Se incluye además un apartado de anexos que contiene material complementario. En la presente tesis se encontró relación entre el concepto de inaceptabilidad política con los conceptos de participación ciudadana y razón dialógica. Por un lado, se concluyó que la estructura de oportunidad en materia hídrica mantiene la participación de los ciudadanos en un nivel comunicativo frente a la política. Lo cual se traduce en la carencia de incentivos que obliguen a la coalición promotora de la obra a desarrollar de manera eficiente su razón dialógica mediante un debate formal e incluyente que conduzca a acuerdos. Por otro lado, la razón dialógica de la obra se caracterizó por un cúmulo de argumentos falaces dirigidos a la opinión pública para persuadirlos de la “perversidad” de los opositores. Ante dichas condiciones se comprende el estatus de inaceptabilidad política que ha tenido la obra AI durante más de 4 años.Item Legitimación y permanencia de organizaciones afiliadoras de vehículos de procedencia extranjera en Sonora, 2004-2019.(El Colegio de Sonora, 2019-12-17) Anguamea Martinez, Maria Teresita Estefania, sustentante; ANGUAMEA MARTINEZ, MARIA TERESITA ESTEFANIA; 892357; SALAZAR ADAMS, JESUS ALEJANDRO;D 40399; PINEDA PABLOS, NICOLAS; 11876; LUTZ LEY, AMERICA NALLELY; 249311Por las calles de diversos municipios en Sonora es común observar vehículos con placas no oficiales de alguna organización, en vez de portar placas oficiales del Estado. Estos vehículos son conocidos como autos “chocolates”, autos “chuecos”, vehículos de procedencia extranjera y, en el presente estudio se les denomina vehículos ilegales de procedencia extranjera (VIPE), por tratarse de unidades ilegales dentro del país. El cúmulo de VIPE en distintos municipios de diversas entidades, ha generado que desde hace varios años surjan organizaciones o agrupaciones sociales que parecen dedicarse exclusivamente a defender y proteger a los propietarios de VIPE. Una de las características importante de este tipo de organizaciones, es el proceso de afiliación que realizan para integrar miembros a su agrupación; el cual consiste en la recepción de documentos del propietario y del vehículo, el pago de una cuota establecida por la organización y a cambio, se entrega una tarjeta de identificación y una placa no oficial con el nombre de la organización. La segunda característica importante de las organizaciones afiliadoras, es que se muestran ante la sociedad como asociaciones civiles e inclusive algunas de ellas, aseguran contar con un registro de marca. En efecto, los propietarios de VIPE que son miembros de alguna organización, colocan las placas no oficiales en su vehículo y circulan por las calles sin ser detenidos por las autoridades, salvo que circulen por carretera federal o cometan alguna infracción. Ello ha provocado el descontento de la ciudadanía que posee un vehículo nacional, pues alegan la omisión del pago de impuestos por parte de los propietarios de VIPE y, por otro lado, las asociaciones automotrices mantienen una posición en contra de la legalización de VIPE, porque pueden perjudicar el mercado de vehículos nacionales. Mientras tanto, los representantes de las organizaciones afiliadoras realizan actividades de gestión con autoridades para lograr una legalización de los VIPE, además consideran que los VIPE benefician a los afiliados para realizar sus actividades diarias y lo perciben como una necesidad de movilidad. Para desarrollar el trabajo de investigación, el estudio se concentra en analizar a las organizaciones afiliadoras de VIPE para entender cómo logran permanecer en Sonora, puesto que se considera que lo hacen mediante la adopción de actividades que simulan a las realizadas por otras organizaciones similares a ellas o inclusive, a algunas prácticas del Estado, con ello logran reflejar que son racionales y legítimas. Este mecanismo es identificado como Isomorfismo Institucional dentro de la teoría neoinstitucional de las organizaciones (Powell y DiMaggio, 2003; Scott, 2014; McFarland y Gómez, 2018), mismo que permite explicar cómo las organizaciones tienden a homogeneizar para lograr sobrevivir, dependiendo de la relación que tengan con el entorno social y cultural. Es así que, la pregunta de investigación que orienta el trabajo desarrollado consiste en ¿cómo se ha desarrollado el proceso constitutivo de las organizaciones afiliadoras para lograr su legitimación y cómo se han establecido frente al Estado, a otras instituciones y a partidos políticos para permanecer en Sonora? Por ende, la investigación comprende un estudio cualitativo y la metodología empleada consiste en la aplicación de entrevistas semiestructuradas en una muestra intencional de cuatro representantes de organizaciones afiliadoras, un oficial de tránsito, un integrante del sector automotriz, un servidor público dependiente de la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (CEVCE), afiliados de organizaciones y ciudadanía que cuenta con un vehículo nacional o con una opinión respecto de los VIPE. Aunado a ello, se obtuvo información de bibliografía relacionada con el tema, archivos hemerográficos, observación participante y no participante. El análisis se realiza mediante tres marcos de análisis de instituciones que se retoman de Scott (2008) y se les denomina marco regulatorio, marco normativo y marco cognitivo-cultural. El primero de ellos, consta de los procesos regulatorios que establecen reglas para delimitar el actuar a través de la ley. Es decir, se realiza un análisis del marco legal que regula lo concerniente a circulación de vehículos, la importación de vehículos usados, la constitución de asociaciones civiles y el registro de marcas. El segundo marco de análisis se denomina marco normativo, el cual indaga en los valores y normas establecidas dentro de una organización afiliadora, los cuales son utilizados para crear nuevas sedes, liderazgos, facultades y obligaciones, aunado de los requisitos y las técnicas que emplean para integrar y mantener a los afiliados. Por lo que, para conocer estos valores y normas contenido en una organización afiliadora, se realizaron entrevistas semiestructuradas a cuatro representantes de diversas organizaciones afiliadoras. El tercer y último marco de análisis, denominado cognitivo-cultural, está dividido en tres partes, la primera parte se conforma por las creencias comunes que se tienen por sentado respecto de las organizaciones afiliadoras, la omisión del pago de impuestos, la intervención del gobierno y la legalización de VIPE; para ello se entrevistó a un oficial de tránsito, un integrante del sector automotriz, afiliados en organizaciones y ciudadanos con vehículos nacionales. La segunda parte del marco cognitivo-cultural describe las opiniones de cada representante de organizaciones afiliadoras respecto de las creencias comunes descritas en la primera parte. En consecuencia, se describen las lógicas compartidas de acción, que corresponden a los medios de difusión y publicidad que realizan las organizaciones para atraer afiliados, la difusión de asociación civil y los vínculos con políticos o partidos políticos. La última parte de este marco, se compone de un análisis del isomorfismo institucional encontrado en las organizaciones afiliadoras que participaron en la investigación, el cual se compone de Isomorfismo Coercitivo, Normativo y Mimético. Estos mecanismos corresponden a la adopción de estructuras que simulan a las practicadas por otra organización; sin embargo, cada una se manifiesta de diversas maneras, dependiendo del marco institucional del que se trate. Ahora bien, la hipótesis que se establece para el desarrollo de la investigación consiste en que la posibilidad de que las organizaciones afiliadoras permanezcan en el tiempo y se legitimen, se debe a que realizan funciones isomorfas al Estado y a otras organizaciones similares al otorgar un registro y “emplacamiento” vehicular. Considerando lo anterior, los objetivos generales de la investigación están orientados a analizar el proceso constitutivo utilizado por las organizaciones afiliadoras para legitimarse en Sonora y la descripción de las estrategias que éstas utilizan para tener permanencia frente al Estado, a otras instituciones y a partidos políticos. Los hallazgos más importantes de la investigación consisten en indicios de isomorfismo institucional entre las organizaciones afiliadoras, el cual se manifiesta conforme a los tres cambios institucionales isomorfos. Primeramente, el isomorfismo coercitivo se da en la adaptación de estructuras que tienen a ser similares entre sí, donde estas agrupaciones se adecuan a las disposiciones establecidas por el Estado, por lo que para poder establecerse necesitan configurarse como asociaciones civiles o marcas registradas, lo cual sucede entre las organizaciones afiliadoras. Con ello, logran mostrar a la sociedad que son legítimas y les permite continuar ejerciendo sus labores; ello se corrobora con las afirmaciones hechas por los representantes de organizaciones afiliadoras, quienes expresaron ser asociaciones civiles debidamente registradas y constituidas, aunado de los resultados en bases de datos del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (ICRESON) y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Los resultados indican una organización afiliadora registrada como asociación civil, dos organizaciones inscritas como marcas registradas y una organización, sin registro de asociación civil o marca. Por otra parte, las prácticas internas que tienen las organizaciones afiliadoras para integrar nuevos miembros, el establecimiento de módulos de atención en zonas estratégicas y la profesionalización en su estructura, demuestra indicios de isomorfismo normativo en las organizaciones afiliadoras estudiadas. En tercer lugar, el punto más interesante de las organizaciones afiliadoras es la presencia de isomorfismo mimético, el cual consiste en la imitación de estructuras y acciones de una organización modelo. Dicho procedimiento ocurre al tener representantes que anteriormente estuvieron inmersos en una organización. Los resultados indican que los representantes de dichas organizaciones previo establecimiento de su organización, estuvieron relacionados con ONAPPAFA y/o con organizaciones pioneras establecidas durante los inicios de esta problemática. Para finalizar, la investigación describe el contexto que envuelve a las organizaciones afiliadoras y permite tener una mirada hacia el interior de ellas, puesto que hay muy poca información al respecto y la existente se concentra en los VIPE desde diferentes perspectivas. Se considera que el presente trabajo de investigación genera un aporte novedoso en este sentido.Item Medio ambiente y organizaciones de la sociedad civil en Hermosillo, Sonora: configuración, rasgos y efectos de sus relaciones.(El Colegio de Sonora, 2010-01-22) Lutz Ley, America Nallely, sustentante; LUTZ LEY, AMERICA NALLELY; 249311; SALAZAR ADAMS, JESUS ALEJANDRO;D 40399; CORRAL VERDUGO, VICTOR; 10131; POOM MEDINA, JUAN; 74985Item El modelo de gestión de los organismos operadores de agua en México: un análisis del marco normativo.(El Colegio de Sonora, 2020-12) Silva Arias, Atenas Alejandra, sustentante; SALAZAR ADAMS, JESUS ALEJANDRO;D 40399; PINEDA PABLOS, NICOLAS; 11876; LOERA BURNES, EDMUNDO; 46699El término ‘organismo operador de agua’ hace referencia al ente, público o privado, que presta el servicio de agua potable -incluido el alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a la población en un territorio determinado. El proceso de evolución de los organismos operadores, desde su centralización hasta la descentralización actual o “municipalización”, se ha dado a través de una serie de reformas constitucionales al artículo 115, que enmarca, de manera general, aspectos de competencia en la prestación del servicio. La figura de los organismos operadores de agua en México se comienza a gestar en el año 1917 con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; no se establece de manera expresa, sino que, a partir de entonces, los recursos hídricos se estipularon como propiedad originaria de la nación y, al Estado, como su rector. Desde aquel momento, el marco constitucional fue evolucionando; desde un sistema centralizado, manejado exclusivamente por la autoridad federal, seguido de un primer proceso de descentralización con las reformas constitucionales al artículo 115 del 03 de febrero de 1983, para culminar en la municipalización del servicio con las reformas posteriores del 23 de diciembre de 1999. La descentralización, como política pública, fue impulsada por el gobierno federal a principios de los años ochenta, en un contexto en el que se encontraba rebasado para poder prestar los servicios de agua potable, no solo desde el punto de vista operativo, sino además desde el aspecto financiero. Adicionalmente, existían presiones internacionales a través de Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que le dieron el impulso necesario para la puesta en marcha de lo que se denominó la “Descentralización de la vida Nacional” (DOF, 1983). Las reformas constitucionales al artículo 115, aún y cuando estipulan de manera expresa que corresponde a los municipios la prestación de los servicios de agua potable, han ocasionado que las legislaturas de las entidades administrativas y los propios municipios actúen con cierto nivel de discrecionalidad en lo que hace a sus arreglos institucionales, ya que nuestra Carta Magna no establece mayor límite que los competenciales. En ese vacío, la incipiente Comisión Nacional del Agua emitió en el año de 1989 los Lineamientos para el Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, estableciendo una serie de criterios o aspectos comunes que deberían tener los organismos operadores del país como parte de la política descentralizadora del gobierno federal: 1) descentralización; 2) autonomía tarifaria; 3) suspensión o limitación del servicio para usuarios morosos; y 4) reinversión en el mejoramiento del servicio. Con esto se pretendía instar a los congresos locales a realizar adecuaciones a sus marcos normativos para ajustarse a lo que planeaban dichos lineamientos. Para entender mejor el proceso de evolución del marco normativo de los sistemas de agua en México, es necesario establecer qué es la descentralización y qué elementos implica, así como las distintas formas o niveles en los que se puede presentar. Una vez establecidos tales parámetros, se identificará cómo se desarrolló ese proceso en cada una de las reformas constitucionales al artículo 115 y cómo sucedió en el ámbito local. Esta conceptualización se realizará acorde a lo que establece Rondinelli (1981, 1983 y 1989) ya que, conforme a sus planteamientos, uno de los problemas que presentan los países en desarrollo en la implementación de la descentralización, es de índole conceptual.Item ¿Qué sucede cuando las políticas públicas fallan y los líderes políticos no lo aceptan?: construcción y explotación de la crisis del incendio en la Guardería ABC en el contexto electoral del 2009 en Sonora(El Colegio de Sonora, 2016-01-11) Sandoval Meneses, Lizette Georgina, sustentante; SANDOVAL MENESES, LIZETTE GEORGINA; 588639; SALAZAR ADAMS, JESUS ALEJANDRO; 40399; PINEDA PABLOS, NICOLAS; 11876; ACEVES GONZALEZ, FRANCISCO DE JESUS; 13947La presente tesis tiene por objeto de investigación examinar la manera en la que los actores e instituciones implicadas en el incendio de la Guardería ABC, una estancia infantil subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social, ocurrido en el Estado de Sonora en 2009, confeccionaron su versión del evento en aras de escapar de la culpa, o tras la persecución de objetivos específicos. Estudia la respuesta que los líderes políticos dieron a la crisis en cuanto a las causas, la atribución de responsabilidades y las propuestas respecto a las modificaciones en las leyes. Constituye un estudio inscrito en los campos del manejo de crisis, la comunicación política, el liderazgo y las políticas públicas. A la fecha, existe poca literatura especializada en el manejo de las crisis por parte de los líderes políticos, lo que lo convierte en un objeto de estudio de gran interés, pues particularmente en México, son muy pocos los trabajos que han abordado este tema. Respecto a la teoría utilizada en la investigación es un teoría relativamente nueva, desarrollada en el 2006 por los australianos Arjen Boin, Paul T’Hart y Alan McConell; no se encontraron trabajos en español. Para llevar a cabo el análisis se utilizó la teoría de la explotación de la crisis, que supone que posteriormente a un evento inesperado, los diferentes grupos políticos que comparten el poder se aliarán en coaliciones e intentarán dar explicación y sentido a la crisis a través la construcción de distintas versiones o “marcos”. Las crisis se pueden “enmarcar” y construir con diferentes adjetivos dependiendo de los objetivos de los grupos. Cada grupo luchará porque su versión de la crisis, sea la aceptada. Esta lucha de marcos influirá sobre dos aspectos: la aceptación de la culpa, donde cada actor implicado en la responsabilidad decidirá si acepta la culpa, la niega o ataca al adversario, y sobre el grado de cambio en las políticas públicas, donde los grupos buscaran cambios o mantener el statu quo. Para la aplicación de esta teoría se utilizaron dos métodos, el análisis de contenido y el análisis de la argumentación del discurso mediante el Diagrama de Toulmin. Primero se seleccionaron los actores políticos a estudiar, después se agruparon en coaliciones. Para estudiar su discurso y establecer las diferentes versiones de la crisis se analizaron tres medios de comunicación, conferencias de prensa y boletines oficiales. Para poder analizar la veracidad de la argumentación de las versiones, se estudiaron documentos legales relacionados con la Guardería ABC, con la bodega de la Secretaría de Hacienda, peritajes y declaraciones ministeriales, así como leyes y normatividades del IMSS y Protección Civil Estatal y Municipal. El núcleo de la investigación fue constituido por las versiones que los actores políticos utilizaron para construir y enmarcar la crisis de la Guardería ABC. La construcción de las diferentes versiones de la crisis sucedió en un contexto electoral altamente competitivo, donde líderes políticos pertenecientes a los principales partidos en contienda (PRI, PAN) resultaron implicados en la responsabilidad de la tragedia. Mediante el análisis se pudo comprobar que actores de ambas coaliciones incurrieron en la explotación de la crisis tras diferentes objetivos, pero curiosamente ambas coaliciones optaron en no pronunciarse por cambios significativos en las leyes y políticas públicas, y por apoyarse en el mantenimiento del Statu Quo. Los hallazgos más destacables son que dentro de un contexto electoral, la crisis se explotó enmascarando las fallas de la política de subrogación de guarderías y de los sistemas de Protección Civil Estatal y Municipal. Las instituciones involucradas en la responsabilidad, que fueron principalmente IMSS y el Gobierno del Estado de Sonora, intentaron deslindarse de la culpa a toda costa, lo que incidió en el aprendizaje de la crisis y el grado de cambio en las políticas públicas.
