La fiscalización superior de las aportaciones federales al Gobierno del Estado de Sonora, 2001-2018.

Abstract

El propósito principal de esta tesis es analizar qué tan eficaz ha sido el proceso de fiscalización realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al uso de las aportaciones federales por el Gobierno del Estado de Sonora, entre 2001-2018. Para ello, en esta investigación se contemplaron cinco etapas que corresponden a los capítulos que la componen. En el primer capítulo, se tuvo como principal objetivo analizar las teorías y conceptos principales que sustentan la fiscalización superior. Derivado de lo anterior, se determinó que la fiscalización es parte de un sistema complejo de accountability o rendición de cuentas. Asimismo, es uno de los mecanismos de control presupuestario implementados al uso de los recursos federales. Además, se lleva a cabo de forma externa y posterior, por lo cual, no tiene como fin prevenir el desvío de recursos públicos, sino, resarcir los daños cometidos a la hacienda pública. En el segundo capítulo, se estudió el marco normativo de la fiscalización superior del ejercicio de dichos recursos, y se estableció que, durante el periodo antes mencionado, esta normatividad se ha ido modificando, por lo cual, el proceso de fiscalización también se ha ido transformando. En términos generales, estas reformas han tenido como objetivo fortalecer esta función, sin embargo, todavía se considera que la ASF tiene atribuciones limitadas. En tercer capítulo, se analizó la capacidad institucional de la ASF para llevar a cabo eficazmente sus funciones, y se concluyó que, aunque esta institución cuenta con capacidades administrativas sobresalientes, sus capacidades políticas son escasas. De ahí que, su diseño institucional no garantiza que no se den ni castiguen las desviaciones de recursos federales en las entidades federativas. En el cuarto capítulo, se analizaron los resultados de fiscalización de los fondos de las aportaciones federales, y se determinó que, durante el periodo analizado, se registró que la evolución de las variables estudiadas (montos observados, acciones promovidas y su estado de trámite) no han ido disminuyeron, sino que, han sido irregulares (con excepción de los tres últimos años). En el quinto capítulo, se llevaron a cabo comparaciones entre los fondos sectoriales y entre las administraciones o sexenios analizados: además, se emitieron consideraciones y conclusiones generales. Con respecto a lo anterior, se determinó que los fondos que registraron los mayores montos observados corresponden al FAEB con el 46%; el FAFEF con el 23%; y, el FAM con el 12%. En otro sentido, los fondos que registraron los menores montos observados fueron el FASSA, el FAETA y el FASP con el 5% cada uno; y, el FISE con el 4%. Desde otra perspectiva, las administraciones con los mayores montos observados registrados corresponden, en primer lugar, a Guillermo Padrés Elías con un monto de 4411.9 millones de pesos que derivaron en 671 acciones promovidas; en segundo lugar, a Eduardo Bours Castelo con 1298.7 millones de pesos y 383 acciones promovidas; en tercer lugar, a Claudia Pavlovich Arellano con 117.1 millones de pesos que derivaron 52 acciones promovidas; y, por último, a Armando López Nogales con cero desviaciones y 19 acciones promovidas. En pocas palabras, se considera que la fiscalización superior no es un mecanismo eficaz para controlar el ejercicio de las aportaciones federales de las entidades federativas, debido a que este mecanismo no tiene como objetivo prevenir su desviación, tiene atribuciones limitadas, no cuenta con las capacidades institucionales necesarias y los resultados de fiscalización no determinan que los montos observados y las sanciones promovidas tengan una evolución consistente.